Corrupción en el Perú

Cuando Perú alcanzó su independencia, las esferas públicas se apropiaron desorganizadamente de los bienes obtenidos en la guerra.[7][9] Además que no consiguieron normalizar las instituciones políticas y enfrentar incompatibilidades con códigos civiles.[11] Uno de los actos de corrupción fue la confiscación de Simón Bolívar para financiar su campaña militar,[46] en que ocurrieron actos de despotismo de su personal al obtener ingresos de sus saqueos.[47]El cónsul estadounidense en Lima, William Tudor, denunció tales prácticas abusivas.[48]

El autor Alfonso W. Quiroz señaló a la República Aristocrática como punto importante en los intereses económicos del país,[49]en que incluyeron las políticas de préstamo con el mercado extranjero como la banca londinense (1822 y 1825).[50]

Para los años 1850 el mayor escándalo fue la «consolidación» de la deuda interna para generar confianza crediticia del país. Este se planificó con una ley, firmada el 16 de marzo de 1850,[51] para sustentar préstamos durante el primer gobierno de Ramón Castilla.[52]Aunque Castilla trajo estabilidad económica, su sucesor José Rufino Echenique lo socavó, cuando se instaló otra red de mayor presencia en el siglo XIX,[9][53]que estuvo involucrado Juan Crisóstomo Torrico. Posteriormente fueron descubiertos por tener un origen fraudulento, con un valor sextuplicado a lo inicial,[51] al recurrir falsificaciones y sobornos al Gobierno.[54] Se le conoció como la «década defraudatoria».[55]

Años después, en el cargo presidencial de José Balta, se realizó el infame contrato Dreyfus, en que las empresas extranjeras tenían el monopolio del guano cuando se compró 2 millones de toneladas de guano por 73 millones de soles y pagar la deuda del país.[9][46][56] Tras concretar el convenio, en el gobierno de Manuel Pardo se establecieron medidas para recaudar ingresos al conseguir ganancias de salitre.[51] Para ese entonces surgió la Ley de Funcionarios Públicos.[46]

Destacan otros escándalos de su tipo como las adaptaciones criollas de las normas coloniales (pillaje caudillista, años 1830), la plutocracia en la época de mayor producción de guano (años 1860) y la contratación de empréstitos externos con obras sobrevaluadas (años 1870).[22][55]Para los años 1880 llegó a una etapa de rebelión civil, propenso a corromper las instituciones, tras una evidente ocupación de Lima y el mando emergente de Nicolás de Piérola.[57]

Después del oncenio de Leguía, que se realizaron contrataciones en la construcción de obras, se presenciaron irregularidades en el proceso de licitación.[9] Uno de sus escándalos ocurrió en 1923, con la renuncia de Lauro Curletti del Ministerio de Fomento por malversación de fondos,[58]caso que también se asemejó con la salida Alejandrino Maguiña en ese año.[59] Esto motivó la oficialización del Tribunal de Sanción Nacional.[60]Este tribunal, creado el 31 de agosto de 1930 en la Junta Militar, se encargó de tomar acciones contra el enriquecimiento ilícito, peculados y otros delitos cometidos a costa del erario público.[61]Este aplicó una serie de estatutos y constó de dos salas: una para concusión y peculado y otra para enriquecimiento ilícito.[62]

En su primer año de funcionamiento se reportaron 664 denunciadas individualizadas por el TSN, de las cuales 75 fueron admitidas.[63]

Este permitió llevar un juicio en la segunda sala contra Augusto B. Leguía y sus familiares.[64][65] Uno de los detalles relevantes, según el director del Ministerio del Gobierno José B. Ugarte, fue el desvío de 105 millones de soles de la policía secreta a grupos simpatizantes a Leguía.[66]

Luego de inoperar el tribunal, Óscar Raimundo Benavides continuó con la estabilidad económica del país, que sin embargo, se evidenció rasgos de nepotismo.[67]El Partido Aprista Peruano acusó de Benavides de prácticas administrativas por trescientos millones de soles.[68]Con la llegada de Bustamante y Rivero, la también oposición aprista acusó de mecanismos turbios en su financiamiento partidario.[69]

Sin embargo, en el ochenio de Odría, Héctor Cornejo Chávez y Raúl Porras Barrenechea realizaron las denuncias del presidente Manuel Odría y su hombre de confianza Alejandro Esparza Zañartu por evidencias en el enriquecimiento ilícito a costa de censura a la prensa.[69]Caso similar ocurrió con los dos gobiernos de Manuel Prado con desvíos de fondos.[70]

En 1963 se incorporó el principio del control de constitucionalidad de las leyes que fue aplicado hasta 1968 cuando ocurrió un golpe de Estado.[11] Aquel golpe, interfirió con las investigaciones por contrabando contra militares solicitadas por el diputado aprista Héctor Vargas Haya.[71]Además que fueron radicales en el tratamiento de otros escándalos como la falta de transparencia en el contrato de concesión de la International Petroleum Company, en que expropiaron sus recursos.[72]La expropiación de las empresas privadas no garantizó su eficiencia administrativa y el mal manejo de los fondos por sus empleados,[73]que debilitó una oposición de la prensa.[74]Otra consecuencia fue el debilitamiento del Poder Judicial debido a la influencia del narcotráfico en que uno de los acusados, Guillermo Cárdenas Dávila «Mosca Loca», prometió pagar la deuda externa si fuese liberado; aunque «Mosca Loca» estuvo a ser liberado a pesar de las pruebas en su contra, no se concretó.[75]

Con la llegada del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, en la década de 1980, parlamentarios de la oposición como Vargas Haya supervisaron nuevas irregularidades; uno de los supervisados fue el intento de recuperar el Banco del Perú (Bancoper) a partir del dinero del Banco Central de Reserva, lo que conllevó a una «acusación constitucional» en 1985.[76] Más adelante, en el primer gobierno de Alan García, el más significado escándalo financiero fue de los fondos del Tren Eléctrico,[77]en que hubo presuntos sobornos cuando fue ofrecido a la empresa Tralima debido a un acuerdo con el gobierno italiano.[78][79][80] La denuncia del Tren Eléctrico se prescribió en 2001.[81]

Alberto Fujimori fue acusado de una serie de malversación de fondos públicos, abuso de poder y corrupción durante casi los 10 años de presidencia (1990-2000), en especial cuando consiguió mayor control tras el autogolpe.[24] Con multimillonarios gastos anuales en 1992 (cinco mil millones de dólares en gastos públicos más otros cinco mil millones en empresas estatales),[82] parte de los fondos fueron desviados a instituciones políticas y militares.[83]Según la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA) en 2001, correspondieron al 30-35% del gasto presupuestal promedio en cada año, y un 4% del PBI promedio anual durante el mismo período.[84]

Uno de los responsables para mantener una imagen de aparente honestidad y aprobación del gobierno[85] fue Vladimiro Montesinos,[19][86][87] jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), quién sobornó sistemáticamente a políticos, jueces y medios de comunicación. Aquella red criminal involucró también autoridades de su gobierno;[86][88]además, debido a la privatización y la llegada del capital extranjero, se permitió que empresas cercanas con el ministerio de Economía usen dinero del Estado por licitaciones de obras públicas, como son los casos de AeroPerú, JJC Contratistas Generales (de la familia Camet Dickmann) y el Banco de Crédito.[89]

Aunque en 1999 la oposición realizó su denuncia público que terminó en la renuncia de cinco ministros, entre ellos a Jorge Mufarech,[85][90] esta red se evidenció posteriormente en el año 2000, instantes de la renuncia del presidente, cuando la embajada de Suiza en Perú informó al entonces ministro de justicia Alberto Bustamante y el procurador José Ugaz de más de 40 millones de dólares procedente de Montesinos,[91]en que fue denunciado por «enriquecimiento ilícito en agravio del Estado Peruano».[92]La investigación permaneció a cargo de Ugaz hasta 2002.[85][93]

Según Transparencia Internacional en 2004, Fujimori fue listado como el séptimo exlíder más corrupto de la historia.[94][95] Esta ONG posteriormente pasó a implementar su capítulo local, el Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética).[96] En 2009, aparte de la sentencia por el juicio por violación a los derechos humanos, fue condenado a seis años de prisión por entregar 15 millones de dólares de origen cuestionable para el Plan Soberanía,[97][98] en que amordazó a Montesinos en la contribución con la justicia.[99]

Al iniciar el 2000, se realizaron una serie de reformas políticas a profundidad del gobierno transitorio de Valentín Paniagua,[100][101]motivado por una recuperación moral en el país.[19] Entre ellas, la activación de Procuraduría y la habilitación de jueces en ese tipo de casos,[102] cuya producaduría ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos fue creada en 2000 con 1247 procesados.[19] Además, cuatro leyes fueron importantes para combatir la corrupción como son: Beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada (27378), Medidas coercitivas excepcionales (27379), Sistema de fiscales anticorrupción (27380), e Investigación preliminar y medidas coercitivas excepcionales para altos funcionarios del Estado (27399).[103]Adicionalmente, por ley 26757, Perú se suscribió a la Convención Interamericana contra la Corrupción.[104]

Por parte del sector estatal, la Iniciativa Nacional Anticorrupción fue la primera propuesta para tomar medidas anticorrupción.[4][85][105] Producto de ella, en 2001 nace la Comisión Nacional Anticorrupción, que cumplió las funciones de evaluar, informar y denunciar actos de corrupción,[105] mientras que en 2004 el Presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, promulgó un Plan de Acción contra la Corrupción, correspondido por un grupo de especialistas como Yehude Simon.[102]

Se promulgaron reglas para fomentar la transparencia de información en 2002, cuando fue promulgada como ley;[85] esta iniciativa no lleva una autoridad encargada de cumplir este derecho,[106] aunque la apertura de información en portales digitales se extendió mucho después, durante la pandemia de COVID-19.[20]

Posteriormente, en 2007, la Defensoría del Pueblo participó en la formación de la efímera Oficina Nacional Anticorrupción,[31] en que se atendieron consultas de la ciudadanía, así como la fundación de la Unidad Anticorrupción complemento para evaluar denuncias frecuentes.[107][108][109] En 2008, a causa del escándalo de los Petroaudios, se crea el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción,[102] para dar cabida a la futura Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Este punto participó Simon, ya como primer ministro y responsable de la emisión de informes,[110] en que permitió al gobierno incorporar como miembro 41 a la Convención Anticorrupción de la OCDE.[111]

Además, en 2016, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de Estados Americanos reconoció los cambios en el código penal para cumplir los criterios contra la impunidad exigidas por el ente.[112]

En 2016 Confiep formalizó en el sector empresarial el Consejo Privado Anticorrupción, conformada entre tantos a la Asociación de Exportadores y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú.[113] Este ente fue principal en la promulgación de la ley que sanciona la corrupción en el ámbito privado en 2018.[114]

En 2019 se declaró oficialmente como Año de la lucha contra la corrupción e impunidad, cuyo documento justifica que el «Acuerdo Nacional establece en su Política 26 la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción [...], la cual tiene por objeto, entre otros, desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos».[115]

Se tomaron varios aportes realizados anualmente por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática a los problemas burocráticos de los servicios básicos en el país, en que el principal problema es la corrupción (de un 21% en 2002 a un 51% en 2010).[116]

Según la Universidad Ricardo Palma, a partir de los datos entre 2007 y 2017, concluye que 4.5% de los hogares estuvieron involucrados en actos de corrupción en el gobierno de Alan García (con énfasis en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa y Madre de Dios) frente al 3.1% de hogares involucrados en el gobierno de Ollanta Humala.[4] Además, de los datos de la encuesta ENAHO (2003), Transparencia Internacional mostró que los encuestados notaron una mala percepción al llegar 2002, después de las reformas políticas realizadas a lo largo del año 2000.[28]

Por otro lado, la I Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción,[nota 1] marca un antecedente cuando el 29% de las personas contactadas reconocieron haber sido afectadas por al menos un caso de corrupción; sin embargo, de este segmente sólo el 39% lo denunciaron, mientras que un 27% del resto sostuvo que justificó no realizar algún denuncia «para no hacerse problemas».[19] Años después, la VIII Encuesta indica en 2013 a las instituciones que llevan el estado de «más corruptas» el Congreso de la República, la Policía Nacional y el Poder Judicial;[117] estos dos últimos fueron igualmente señalados como aquellos de mayor evidencia de casos en el informe ENAHO de finales de 2002.[28] Más adelante, en la X Encuesta (2017), por 1300 involucrados, detalla que 77 de cada 100 congresistas así como 72 de cada 100 jueces son percibidos como «corruptos»;[118] además, la encuestadora señaló que alrededor del 78% de los peruanos son alta o moderadamente tolerantes a la corrupción y concluye que «la corrupción es impune, estamos expuestos a ella y sin mecanismos para erradicarla».[119] Los orígenes más recurrentes de estos actos son, según la VI Encuesta en 2010, las licitaciones, licencias, trámites burocrático, concesiones privada y el sistema de funcionario público.[17]

En 2022, en la XII Encuesta, muestra que la sensación de corrupción creció al 81 %, en comparación a los últimos cinco años,[120] en que el Congreso obtiene la peor calificación (83 % es calificada de mal o muy mal), junto al gobierno central (73 %) y los partidos políticos (72 %).[120]

Más allá de Ipsos-Proética, en 2016, realizado por Pulso Perú de Datum Internacional a casi 1200 entrevistados, quienes consideran que un 93 % es percibida como «muy alto», señala que los más calificados de actuar de forma «muy efectiva» a actos cuestionables son los medios de comunicación (19 %) y la Iglesia (17 %).[121] En 2018, en la encuesta El poder en el Perú, el Poder Judicial y el Congreso de la República están posicionadas en el primer y segundo lugar de los más corruptos.[122] En 2019 un estudio de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú señala que el 64 % considera a la corrupción como un problema, en que los jóvenes consideran como proridad (70 %).[6]

Una sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en que fue invitado un representante del Ministerio Público.

A inicios del siglo XXI, visibilizado por el lavado de bandera como protesta social contra el gobierno autoritario, se realizaron campañas de concientización a la población juvenil. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la posterior Comisión de Alto Nivel Anticorrupción realizaron lo suyo. Por otro lado surgió la Red Interquorum en 2003, con diversas actividades anuales como «Qué hacemos con la corrupción» (2005), «Una sociedad transparente, una sociedad justa» (2006), «Uniendo lazos contra la corrupción» (2007), «Con autoridad moral» (2009), «Que no te engañen» (2010) y «Luchar contra la corrupción es luchar contra la exclusión» (2011).[123]Además de esa organización están otros colectivos juveniles como son a 2020 la Red Nacional de Actores Políticos Jóvenes, la Asociación Nacional de Jóvenes Autoridades del Perú, Red Analit, Ashanti, Organización Democrática Mundial, Unión Global por la Democracia y el Parlamento Joven.[124]

Una investigación de la Universidad de San Martín de Porres titulada «La corrupción desde una mente joven, un enfoque diferente» señala que al menos el 90 % de los limeños participantes entre 18 y 24 años rechazan la corrupción, aunque el 75 % de los mismos no conocen como realizar las denuncias.[125]

En 2010, la Contraloría lanzó la iniciativa Auditores jóvenes, para fomentar a nuevas generaciones en las buenas prácticas del Estado a partir de participación inculcada en la educación primaria y secundaria.[126]En 2018 se inauguró el programa Monitores Ciudadanos de Control, que fomenta la participación de vecinos en la prevención de actos de corrupción, contó con más de diez mil voluntarios a fin de año.[127]

A causa de los escándalos de corrupción se realizaron manifestaciones a nivel nacional. En 2017 se realizó una marcha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú y el colectivo antifujimorista No a Keiko en contra del caso Odebrecht.[128][129][130] En 2018 se realizan nuevas manifestaciones contra el Poder Judicial por el caso de los cuellos blancos del puerto.[131][132] En 2019 se realizarons otra en contra de la permanencia Pedro Chávarry como fiscal y el asilo de Alan García.[133][134]

Una de las principales críticas del Congreso de la República es el descuido de fiscalizar a las demás autoridades para tomar medidas disciplinarias, en que se aplica el clientelismo político y el transfuguismo,[135][136] de allí surge la frase «otorongo no come otorongo».[137] Además, que solo la institución puede remover jueces de la Corte Suprema en lugar de un consenso, lo que puede interferir a las investigaciones críticas contra ellos,[138] como ocurrió en 2017 al destituir algunos de ellos en el caso Odebrecht.[139]

Del escándalo de corrupción del gobierno de Fujimori, se formó la Comisión Especial de Investigación sobre las cuentas de Montesinos, liderado por David Waissman, y luego 135 proyectos de ley relacionados con la corrupción entre julio de 2001 y fines de 2002, casi la cuarta parte de ellos aprobados.[19] En 2008 la Procuraduría Anticorrupción acusó a 17 excongresistas por recibir irregularmente dinero de Vladimiro Montesinos,[140] de ellos la Sala Penal Especial de la Corte Suprema solo condenó a cuatro.[141] Según El Comercio (2012), desde el gobierno transitorio de Paniagua en 2001 hasta 2012 se realizaron 24 iniciativas contra el transfugismo.[142]

Por otro lado, durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005, se lanzó la Ley 28568, en que se reducía las penas a los acusados de actos de favorecimiento ilícito. Esta fue conocida por dejar en libertad cinco años antes de cumplir su condena a dos notorios cómplices de Montesinos, los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, responsables de fomentar la prensa chicha.[143]El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y criticó al gobernante Toledo por no observar los cambios durante la promulgación de la norma.[144]

Además de Fujimori, cinco mandatarios entraron en procesos judiciales por corrupción sistemática.[145] Destaca al caso Odebrecht, en que surgieron controversias como el Club de la construcción y la financiación millonaria en campañas presidenciales.[146] Esto se potenció en reveladores reportajes de unidades investigadoras, diferentes a los medios de comunicación tradicionales, como Hildebrant en sus Trece, Ojo Público, Convoca, entre otros.[147] Tras una crisis política agudizada en la segunda década del siglo, en 2018 los expresidentes vivos de Perú estuvieron en situación de investigación y/o sentencia preventiva por investigaciones a la empresa.[148] Según el periódico El País, en que escribió la periodista Jacqueline Fowks, dedujo que «el 'modelo peruano', basado en una economía neoliberal de alto rendimiento, en la corrupción generalizada y en un sistema político caótico, sufre la peor crisis en dos décadas».[149]

Uno de los involucrados es Alejandro Toledo, involucrado en el caso Ecoteva por lavado de activos.[146]

Otro es Pedro Kuczynski, que tras la publicación de videos que mostraban presuntos actos de compra de votos, presentó su dimisión al Consejo de Ministros.[150][151] Pese a su renuncia el 21 de marzo de 2018, otra denuncia relacionada con la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero por parte de su exministro Alfredo Thorne se procedió posteriormente.[146]

Alan García, por su parte, estuvo enfrentado por la Comisión Investigadora, encargada de investigar los escándalos del caso Petroaudios, y la participación de la constructora Odebrecht en la Línea 1 del Metro durante su segundo gobierno. Además que en su mensaje de la nación mostró desinterés en investigar el caso de Fujimori-Montesinos por temor de una «politización». [152]Irónicamente cuando fue investigado en 2018 criticó al caso por tener una intención política y solicitó a la embajada de Uruguay asilo político de forma presencial,[153] pedido que fue rechazado.[154] Debido a su suicidio en 2019, en que se extinguió la denuncia hacia el exmandatario, el Equipo Especial siguió con la investigación de nuevas conexiones con la empresa brasileña.[155]

Aunque los primeros años del siglo XXI el sistema político consiguió salir airoso en la lucha contra la corrupción al implementarse reformas judiciales, el cambio no fue constante en otros gobiernos y fue limitada al sesgo del caso Fujimori-Montesinos, que se extendió la corrupción a otros poderes del Estado.[27] En ese entonces, existieron propuestas para gestionar los recursos y reportar alguna irregularidad a la Oficina de Control de la Magistratura.[156] Posteriormente existió la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en 2004, cuyo plan está en mejorar el sistema de justicia y la prevención de actos; sin embargo, de los 52 proyectos de reformas legales planteadas, se avanzaron apenas 15 en 2008.[157]

Existen trabas económicas en la clase económica baja (según el Instituto de Opinión de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2010),[158]además de las burócraticas al depender de tramitadores de terceros, que pululan falsificadores y abogados informales,.[159]en que desde los años 1970 desempeñaron como contactos de las autoridades por falta de supervisión.[27] Por lo que, según la abogada Beatriz Mejía Mori en una conferencia de Praga en 2001, determinó que «el peor problema del Perú [no necesariamente] sea el de la pobreza, sino el de la corrupción instalada en su cultura».[27] Señala también que «el peor problema del sistema de justicia no es la falta de modernidad tecnológica, ni siquiera la deficiente formación profesional de los jueces, sino la corrupción». Justifica varios motivos como la falta de preparación, las bajas remuneraciones de los funcionarios, entre otros.[27]

A partir de la conferencia de Mejía Mori, en la revista oficial del Poder Judicial (2021) se recoge cuatro formas de corromper el sistema: los lobbies de abogados, la recepción de los agentes de la red de justicia, la injerencia política y los medios de comunicación (específicamente los sensacionalistas).[160]

El caso más conocido conciernió a Los cuellos blancos del puerto (CNM Audios), que según el informe de la Procuraduría Anticorrupción correspondió a 76 de los 334 jueces y fiscales acusados de corrupción a noviembre de 2019.[161] Esto obligó a fundar la Junta Nacional de Justicia, en reemplazo del obsoleto Consejo Nacional de la Magistratura, que incluyó la Comisión Permanente de Procesos Administrativos.[160]

Además, aprovechándose de los vacíos legales en su normativa,[85] en 2011 se redujeron los juzgados (de 12 previstos a 4) y el caso Fujimori-Montesinos quedó en pausa.[31]

Luego del gobierno de Fujimori, la autonomía militar fue reestructurada en 2001 por iniciativa del general retirado Walter Ledesma, en que 485 militares fueron pasados al retiro al finalizar el año.[162]

Tras reportarse actos de corrupción policial también en agentes de tránsito, en 2001 se crea la Comisión Especial para la Reestructuración de la Policía para diagnosticar el estado de la institución. Se consideraron dos campañas notables para recuperar la confianza de la institución «Denuncia los actos corruptos» en 2002 y «A la policía se le respeta» al año siguiente.[163]Este último se compartió masivamente a la población, que incluyó la participación del Club Cienciano,[164] aunque tuvo un impacto efímero.[165][166] Más adelante, en 2009, El Comercio reportó que las policías mujeres suelen ser más resistentes a pagos indebidos que los varones, y que motivó el despliegue de unidades femeninas en el tránsito limeño.[167]

Además existieron escándalos de corrupción relacionados al tráfico de combustible, usado por sus vehículos patrulleros, por parte de la institución.[168] Casos ocurrieron inclusive en la Amazonía.[169] El más mediático fue de Edwin Donayre,[170] cuyo grupo se denomino Los Gasolineros.[171]

En 2012 se fundó Tribunal de Disciplina Policial para inspeccionar actos de corrupción dentro de la Policía Nacional. Entre 2013 y 2015 se retiraron a más de cuatrocientos policías acusados de ese tipo de actos.[172][173] En 2013, el Ministro del Interior Wilfredo Pedraza reconoció que con la formación de una nueva ley para tomar acciones, «no saldrán muchos por corrupción, porque las reglas para mostrarlo son complejas, difíciles».[174]

En 2020 la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios realizó investigaciones a 80 miembros durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en Perú, 13 de ellos correspondieron a generales.[175]

Existen casos de corrupción a nivel descentralizado, producto de la falta de fiscalización a profundidad en el ámbito administrativo y económico,[176] surgidos desde el proceso de la regionalización de Alejandro Toledo a inicios de la década de 2000, cuyos mayores ingresos en algunas áreas territoriales provienen del canon minero.[176] Con el surgimiento de los movimientos políticos regionales, estos cuentan su propia administración y rendición de cuentas; ellos, competidores de partidos políticos nacionales para postular en las elecciones municipales, suelen originar la débil transparencia en la administración subnacional cuando entran al poder.[177]En ese sentido, a partir de una investigación de 2018 de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, los hechos se clasifican en «horizontal» (en ámbito interno, como la entrega de la buena pro) y «vertical» (interacción con el gobierno central).[178]

En 2014 la Procuraduría Anticorrupción indicó que el 92 % de los 1841 alcaldes existentes en el Perú fueron investigados por corrupción.[30] Además, cuando en 2014 fueron 18 gobernadores regionales investigados por ese delito,[176] para 2022 creció a 24.[179]

En 2017 la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción identificó más de cuatro mil casos en el ámbito administrativo local y regional entre 2002 y 2014, de las cuales 222 ya fueron procesados. Entre los departamentos con mayor recurrencia están en los departamentos de Junín (445), Cusco (439) y Lima (411).[180]

Mientras tanto, en 2022, la Fundación Gustavo Mohme Llona calculó que 2706 candidatos para esas elecciones ya cuentan con antecedentes de investigación de corrupción.[181] Además la Defensoría del Pueblo reveló que, entre 2017 y 2020, las entidades agravadas con mayor incidencia de corrupción en situación de investigación son las municipalidades distritales (30%), llos Gobiernos regionales (13%) y las municipalidades provinciales (13%).[182]

La Contraloría estimó en 2021 que 5 mil millones de soles se perdieron por la corrupción en las regiones.[183] Parte de ellos usaron financiación pública para la reelección. Previamente el Jurado Nacional de Elecciones y la Contraloría se reunieron para realizar la campaña de 2014 Postula con la tuya para alertar indicios de los candidatos y que en 2015 se aplicó también a congresistas.[184] En 2022 el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, lanzó la iniciativa Kuskachay Electoral, en que incentiva a los electores a identificar a los candidatos con etiquetas de corrupción y otros antecedentes penales.[185][186]

Para una mejor información a los ciudadanos, se recurre a la consulta de la rendición de cuentas, los «portales de transparencia». Desde 2012 las contrataciones o adquisiciones mayores a las tres unidades impositivas tributarias deben visualizarse.[187] Uno de ellos es la Municipalidad Metropolitana de Lima en que está obligada a rendir cuentas de su situación económica, con reportes completos desde 2009.[188] Sin embargo, no todas administraciones locales ofrecen los portales con completa transparencia, en 2018 se determinó que de todos los gobiernos regionales, el 35 % cumplen los requerimientos para entregar información de bienes y servicios.[177] Más a fondo, de los 312 portales revisados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2021, 141 cumplen con los requisitos mínimos y solo ocho aportan la máxima información posible.[189]

Sucesos que involucraron a municipios y gobiernos regionales destacan:

• La municipalidad de Lima con vínculos a OAS y Odebrecht. Ocurrieron en las gestiones de Luis Castañeda (licitación de obras),[31][190] Susana Villarán (campaña de «No a la Revocatoria» y reelección), entre otros.[146]

• El Gobierno Regional de Áncash y el caso del gobernador César Álvarez Aguilar, quien estuvo al cargo entre 2007 y 2014;[176][191] el Ministerio Público estimó que hay 1.200 denuncias a funcionarios al finalizar su cargo,[192] y que la Contraloría calculó pérdidas de 200 millones de soles entre 2009 y 2015.[193] Además otros tres sucesores del gobernador de Áncash también fueron acusados de corrupción.[194] Para diciembre de 2021 la región cuenta con 21 fiscales y 7 peritos.[183]
• El Gobierno Regional de Junín y el caso los Dinámicos del Centro (pedidos clandestinos de brevetes).[195][196]
• Municipalidad de Anguía e irregularidades en las licitaciones detectadas en 2022.[197]
• Caso Yván Vásquez en Loreto.
• Organización criminal Los Limpios de Tacna, durante el gobierno municipal de Luis Torres Robledo en Tacna.[198][199]
• Minería informal en Madre de Dios. Con 46 mil trabajadores,[200] que algunos de ellos realizaron actividades ilegales con funcionarios del sector regional.[201] Además del caso Los hostiles de la Amazonía por tráfico de madera y que involucró a otros funcionarios,[202] y el arresto de su gobernador Luis Hidalgo Okimura.
• Vulnerabilidades en Sistema Integrado de Administración Financiera, en que se registraban transferencias fraudulentas a empresas no licitadas, en que se denominan «pagos fantasmas». Se usaron en la municipalidad provincial de Padre Abad cuyas pérdidas alcanzaron los 10 millones de soles y la municipalidad distrital de Callayuc, que alcanzó los 8 millones de soles.[203][204][205]

La Constitución de 1993 no contiene una referencia directa al tema de la lucha contra la corrupción como política del Estado.[209]Aunque anima la transparencia de los actos, en su artículo 40 menciona que «es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos»;[210]mientras que en la 41 dice que «el plazo de prescripción [para los funcionarios] se duplica».[211]Los artículos 40 y 41 de la Constitución son nombrados en la Ley 27482, acerca de la declaración jurada que es accesible para cualquier ciudadano.[160] Adicionalmente, en 2017 se planificó modificar el artículo 41 para que los delitos más graves sean imprescriptibles pero sin establecer cuales.[212]

La Ley 28175, Ley de Código de Ética de la Función Pública, establece la labor pública y sugiere evitar incentivos de terceros que interfieran con el desempeño.[213] En el artículo 4, figuran dos conceptos: funcionario público (persona que trabaja para el Estado por un plazo definido) y servidor público (quien trabaja de forma temporal).[13] Este último es gestionada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

El Código Penal establece varios tipos de delitos relacionados con la corrupción política,[214]se especifica a los «delitos cometidos contra el patrimonio del Estado».[215]En el caso de que los funcionarios cometan tales actos no solo serán sentenciados y suspendidos de sus cargos —con la posibilidad de estar inhabilitados de por vida para organizaciones criminales—, sino que entrarán desde 2018 en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles —junto a aquellos participantes de organizaciones narcotraficantes y terroristas— de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).[216] Entre sus tipos son:

Está tipificado en el artículo 387 del CP con penas entre cuatro y doce años de prisión para el crimen peculado catalogado de «doloso». El artículo siguiente (388) describe el término como aquel que «usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la Administración Pública o que se hallan bajo su guarda».[217]

Entre 2016 y 2018 se contabilizaron alrededor de 18 mil procesos por delitos de corrupción de funcionarios.[217]

Está tipificado en el artículo 389. Aunque comparte los bienes públicos como delito, se diferencia del peculado por su uso indebido de forma permanente. Se castiga con la encarcelación de uno a ocho años.[218]

Ocurre cuando recibe dádivas al funcionario público para sacar provecho de la administración, conocido como «coima» o «coimisión».[135] Tiene tres tipos según la forma que se realice: propio, impropio (los dos primeros son pasivos por depende del funcionario de turno) y genérico (este último considerado activo, en que interviene cualquier ciudadano). Están tipificados en los artículos 393, 394, 395 y 397.[219]Las penas de privación de la libertad son entre cuatro y ocho años.[219]

Los pagos irregulares y los sobornos son el motivo frecuente de que las empresas que operan en Perú necesitan obtener licitaciones gubernamentales. Muchas empresas experimentan la demanda de pagos a funcionarios como resultado de la extensa burocracia en el país.[220][221] Según el Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios (2014 a 2017), el 33.5 % de los sucesos ilícitos fueron por cohecho.[219]

Este delito, establecido en el artículo 382, establece actos relacionados con la amenaza de conseguir indebidamente los bienes.[222]Se sanciona con pena privativa entre dos y ocho años.[222] La Procuraduría Anticorrupción calculó que el 4 % de los delitos con mayor grado de incidencia nacional en 2018 corresponden al tipo de concusión.[222]

Establecido en el artículo 384, relacionado con la contratación de obras, en que en el argot coloquial se denominan «cutras» al sobrevaluarlas.[135] Su pena mínima es de tres años para casos simples, con máximos de quince años si se realiza con recursos mayores acorde a la Ley de Contrataciones con el Estado para sacar provecho del interesado.[223]

En 2001 se unificó la normativa para las contrataciones, la vigente Ley 30225 (originalmente 26850 de 1996), cuya información pública es ofrecida por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.[224] En 2008 se consolida con la plataforma Perú Compras,[31] por iniciativa de Alan García.[225] La entidad que monitorea las mismas es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Además, los ciudadanos pueden reportar a Gerencias Regionales de Control en caso de que las obras estén en mal estado o inconclusas, resultado de una mala gestión de la contratista.[226]

Tipificado en el artículo 399. Representa el 13,5 % de los delitos de corrupción entre 2016 y 2018 según el Ministerio Público. A diferencia de la colusión esté tiene carácter unilateral (solo participa el funcionario).[227]

Señalado en el artículo 400 en que se busca conseguir un puesto en el cargo laboral, en que se conoce coloquialmente como «vara».[135] El «traficante» no necesita recibir el apoyo del funcionario para denunciar bajo este tipo de delito.[228]Este punto incluye actos que dañen la imparcialidad y objetividad de la Administración pública.[229] Tiene penas de cuatro a ocho años de cárcel.[228]

El artículo 385 indica que si una persona que trabaja para el Estado busca promocionar sus empresas para ingresar indebidamente en la participación pública, será sancionado. Se diferencia del tráfico de influencias, ya que no depende de clientes externos.[230]El mínimo de la pena privativa de la libertad es de dos años.[230]

Tipificado en el artículo 401. Este es común en los coloquialmente denominados «peces gordos», en que se obtienenr ganancias a partir de favores de empresas contratadas.[135] No debe confundirse con el lavado de activos, ya que los ingresos excedidos no deben ocultarse para ocurrir este delito.[231]Se castiga con cinco a quince años de prisión.[231]