Gubernatura de Javier Duarte de Ochoa

En el 2012, el estado llegó a alcanzar los 53 mil millones de pesos en inversión privada, derivado del programa Mil Empresas, el cual fomentó la apertura de medianas y grandes empresas. Se implementó también el Programa Destraba, para impulsar la desregulación de trámites básicos municipales e impulsar la generación de micro y pequeñas empresas.[7][8] A razón de estos programas, el estado avanzó once posiciones en el Ranking Nacional de Competitividad, establecido por el programa Doing Business, del Banco Mundial.[9] En el mismo periodo, de acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano, Veracruz fue el estado con mayor incremento de registro de negocios formales.[10]

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía de Veracruz creció en el 2012 casi al doble de la media nacional, por lo que el gobierno estatal recibió un reconocimiento de parte del despacho internacional PricewaterhouseCoopers (PwC), por tratarse de uno de los estados que más contribuyen al desarrollo económico del país.[11]

Al siguiente año, el estado rompió de nueva cuenta su récord histórico en inversión privada, pues superó los 67,500 millones de pesos, y generó más de 230 mil empleos.[12] En el mismo 2013, en la Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, presidida por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se dio al gobierno de Veracruz un reconocimiento por el programa Destraba, como mejor práctica en materia de apertura de empresas.[13][14]

Adicionalmente, durante su gobierno se registró la primera marca colectiva (Verapiel) en la historia del estado a favor de los zapateros de Naolinco[15] y el Programa de Reconversión del Comercio Minorista La Jarocha Próspera, que elevó la ganancia de las microempresas participantes hasta un 74 por ciento.[16]

Sin embargo, el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) fue a la baja desde 2013, y se mantuvo entre los más bajos del país en tasas de crecimiento. El primer trimestre de ese año, alcanzó 0.3 por ciento, en comparación con el estado de Hidalgo, que llegó al 8 por ciento.[17] En materia industrial y de actividades secundarias, Duarte terminó su gestión con tasas de crecimiento negativas.[17]

Debido a la acumulación de deuda pública y de déficit fiscal, la gestión económica de Javier Duarte de Ochoa concluyó en «la más severa crisis de la historia moderna de Veracruz», calificada así por investigadores de la Universidad Veracruzana. En tanto, el gobernador interino Flavino Ríos, al recibir el mando estatal en octubre del 2016, determinó a la economía veracruzana en crisis.[18] La deuda pública del estado sumó 10,000 millones de pesos mexicanos a la salida del gobernador, y el déficit fiscal, 170,000 millones.[17] Dicha situación económica adversa incluía un presunto desvío de recursos públicos de 14 mil millones de pesos, problemas en el pago a proveedores y contratistas y dificultades en la entrega de fondos para municipios del propio estado, pensiones y apoyos al campo.[18] La Auditoría Superior de la Federación investigaba, al final del gobierno de Duarte, irregularidades en más de 35 mil millones de pesos.[19] La misma universidad calculó la deuda pública en 120 000 millones de pesos en el 2016, parte de la cual se contrajo en plazos de pago de hasta 30 años.[19]

Al inicio de su gobierno, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que en el estado de Veracruz aproximadamente el 57.6% de las personas vivían en situación de pobreza, lo que en sus primeros dos años de gobierno se redujo a 52.6% para en 2014 aumentar a 58%. Sin embargo, los indicadores de carencia social se han reducido, principalmente por el acceso a servicios de salud y calidad y espacios de vivienda.[20]

El 19 de julio de 2013, en compañía del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, anunció la inversión de 4.5 millones de dólares para poner en marcha un programa de empresas sociales, en coordinación con Yunus Social Business. Veracruz fue el primer estado de la República Mexicana en implementar este modelo que también se aplica en otros lugares de América como Brasil, Colombia y Haití.[21][22]

Investigaciones posteriores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la contraloría del estado, demostraron que fondos federales destinados a política social, concretamente 315 millones 627 mil 148 pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, fueron desviados a otros gastos en 2013. Tarek Abdalá, uno de los ex tesoreros de Javier Duarte, dijo en su defensa que lo había hecho ya que era una forma de operar del gobierno del estado para atender otras prioridades, como la seguridad pública del estado. El mencionado exfuncionario fue inhabilitado por 10 años de cargos públicos a consecuencia de esa actuación.[23]

Durante 2016 el gobierno de Duarte, según acusaciones de la ASF, habría presuntamente desviado y malversado 4 mil 630 millones de pesos destinados a política social educativa y de salud pública.[24] Una investigación de 2017 hecha por la auditoría federal, determinó que mil 147 millones 364 mil pesos destinado originalmente a la renovación de infraestructura en escuelas, fue desviado a cuentas bancarias del gobierno del estado usadas para el gasto corriente sin saberse su paradero; otros 204 millones de pesos de origen federal destinados para el llamado Programa Escuelas de Tiempo Completo fue totalmente desviado con la misma metodología.[24]

En tanto la operación de programas como Seguro Popular reportó subejercicio de fondos, compra de medicamentos a sobreprecios y muchos fuera del cuadro básico permitido por ese programa, llamado Catálogo Universal de Servicios de Salud, por lo cual, no pudieron ser suministrados a pacientes.[24]

En 2014, se presentó a Fuerza Civil, una nueva corporación policial de élite para combatir la inseguridad y el crimen en el estado.[25]

Después de la crisis nacional de inseguridad de 2010 a 2012, el Índice de Paz México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz colocó al estado como el séptimo estado más pacífico del país, solo por debajo de Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche, Tlaxcala y Chiapas.[26] A pesar de esos esfuerzos, al término de la gestión de Duarte en octubre de 2015 el gobernador interino Flavino Ríos calificó la situación de seguridad de Veracruz como «grave», con la denuncia de 45 mil delitos y una tasa de 2.8 homicidios al día y el INEGI determinó en 2015 a Coatzacoalcos como la tercera ciudad a nivel nacional con mayor percepción de inseguridad.[18] Elementos de la Marina Armada de México arribaron a esa ciudad y a Minatitlán como medida urgente para el combate al crimen.[27]

En 2010, al inicio del gobierno de Javier Duarte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que en el estado de Veracruz aproximadamente el 62% de la población percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar. En 2012 el porcentaje bajó al 56%, sin embargo para 2014 la cifra repuntó con 63% de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Entre 2010 y 2013 la cantidad de personas en pobreza extrema en la entidad pasó de un estimado de 1 590 000, aproximadamente el 18% de la población, a 1 263 000, el 14.3% de los habitantes, representando un avance de 327 mil personas en tres años.[28][29]

La Organización de las Naciones Unidas, a través del Instituto de las Naciones Unidades para la Formación y la Investigación y la Organización de Estados Americanos entregaron el galardón América 2012 al gobierno del estado por ser ejemplo latinoamericano en sustentabilidad y por los resultados de la recién creada Secretaría Estatal de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal en la materia.[30]

Adicionalmente, el estado se convirtió en la primera entidad del país en contar con un plan de acción climática, lo que permitió que trabajara en conjunto con la Embajada del Reino Unido en México, la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica GIZ, la Tecnopolo Brest-Irise de Francia, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Con ello, se logró que el estado fuera uno de los beneficiados del proyecto Estrategias para la Reducción del Uso del Automóvil desarrollado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.[31][32]

En 2013, Duarte fue nombrado Presidente de la Junta Directiva del ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad gracias al establecimiento Consejo Veracruzano para la Mitigación y Adaptación al cambio climático y del Fondo Ambiental Veracruzano, que posee el respaldo del Banco Mundial y del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.[33][34]

Con el apoyo de la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad, encabezada por José Sarukhán Kermez, elaboró el primer estudio de este tipo para una entidad federativa, en cuanto a flora y fauna, denominado «La Biodiversidad de Veracruz, Estudio de Estado», elaborado por más de 300 investigadores de las más prestigiadas instituciones académicas.[35][36]

El 12 de octubre de 2016, Javier Duarte, solicitó licencia para ausentarse de su cargo sin expresar en su solicitud el motivo del abandono.[37] Posteriormente indicó «hacen necesario que por congruencia y honorabilidad deba dedicar tiempo y atención a limpiar, ante la opinión pública, y aclarar, ante las instituciones de procuración de justicia, mi nombre y el de mi familia».[38] Ante esto, el congreso permanente de Veracruz aceptó la solicitud y designó a Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino por los 48 días restantes del periodo oficial.[39]

Por la mañana, el todavía gobernador apareció en el noticiario de Carlos Loret de Mola, en donde anunció su solicitud de licencia y donde negó todas las acusaciones en su contra, así como haber desviado fondos públicos del estado de Veracruz.

En el año de 2011 Veracruz, al igual que el resto del país, vivía una crisis de inseguridad por la actividad del crimen organizado. Ese año, el 20 de septiembre en el municipio de Boca del Río, donde fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia. La reunión era encabezada por Marisela Morales Ibáñez, entonces titular de la Procuraduría General de la República.[40]

Dos días después del suceso, durante el Encuentro Nacional de Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, y ante la titular de la PGR, el Gobernador declaró que «a escasos metros del lugar donde nos encontramos, sucedieron hechos terribles, brutales, hechos que lamentamos y, por supuesto, rechazamos, hechos que nos lastiman a todos (...) En Veracruz no minimizamos al crimen, aquí en Veracruz lo situamos en su justa dimensión, lo enfrentamos y lo combatimos».[41] El entonces Procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez informó que a pesar de desconocer el número total de cuerpos, podían asegurar, avalados por la base de datos Plataforma México, que todas las víctimas tenían antecedentes penales por homicidio, secuestro, extorsión o narcomenudeo.[42] Sin embargo, poco después, en entrevista televisiva con CNN dijo que solo siete de los cadáveres habían sido identificados. A raíz de estas declaraciones, el fiscal veracruzano fue destituido de su cargo.[43] Duarte, publicó en su cuenta de Twitter: «Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar (sic)» y en otro mensaje escribió: «Los 35 ultimados tienen antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están en los registros de Plataforma México». En respuesta a estos señalamientos, Plataforma México indicó que era imposible que su base de datos arrojase resultados con tanta rapidez y menos aun cuando la única evidencia de la que disponían las autoridades eran huellas digitales. Sin embargo, no fue esta la primera vez que Plataforma México era involucrada en controversias y cuestionamientos. El grupo autodenominado Los Mata Zetas se atribuyó el crimen. El 25 de octubre, la Procuraduría General de la República anunció que asumiría la investigación del caso.[44]

Ante el incremento de hechos violentos que se vivían en la entidad y en el resto del país, las autoridades federales y estatales pusieron en marcha el operativo conjunto Veracruz Seguro el 4 de octubre de 2011, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.[45]

El 28 de enero del 2012 elementos de la Policía Federal detuvieron, en el aeropuerto de Toluca, a Said Zepeda y Miguel Morales, presuntos funcionarios del Gobierno del Estado cuando transportaban dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo, los cuales fueron decomisados y puestos a disposición de la PGR, que realizaría una investigación para determinar si el origen del dinero era lícito y si este pertenecía en efecto al gobierno estatal de Veracruz. El secretario de Finanzas del Estado del estado, Tomás Ruiz González, explicó que el dinero estaba destinado a las festividades del Día de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín y añadió que no era ilícito transportar grandes cantidades de dinero en efectivo. Dos días después, Vicente Benítez González, el Tesorero estatal renunció a su puesto para no entorpecer la investigación.[46]

Los presidentes nacionales de los principales partidos opositores al partido de Duarte dieron declaraciones sobre lo sucedido. Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, dijo, en conferencia de prensa, que ese dinero estaba destinado a financiar la campaña del precandidato priista Enrique Peña Nieto, por lo que su partido presentaría denuncias ante la PGR y la FEPADE.[47] Jesús Zambrano, presidente del PRD, aventuró que se trataba de un caso de desvío de recursos, por lo que solicitó aclarar el origen y destino de dicho dinero.[48]

Ante las acusaciones, el Gobierno del Estado negó que el dinero estuviera destinado al financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto y afirmó que dicho monto serviría para pagar un contrato con la empresa de producción y edición de video Industria 3, establecida en la Ciudad de México, lo cual fue confirmado por la empresa en cuestión.[49] Los medios, por su parte, señalaron que los nombres de los portadores del dinero, Said Zepeda y Miguel Morales, no aparecían en ningún directorio gubernamental, por lo que su condición de «funcionarios de gobierno» no podía ser confirmada.[50] Además, el periódico Reforma informó que la factura presentada por Tomás Ruiz González había sido expedida diecinueve horas después del decomiso del dinero.[51] El 5 de junio del 2012 la PGR concluyó que el origen de los 25 millones era lícito y estos fueron devueltos al Gobierno del Estado con intereses.[52]

Dos años después del inicio de su gobierno, sumaban nueve periodistas asesinados y dos secuestrados, incluida Regina Martínez de la revista Proceso que realizaba una investigación sobre los supuestos nexos entre el funcionarios públicos y el narcotráfico.[53] En respuesta a ello, el gobierno del estado anunció una comisión para investigar el crimen y su posible relación con las publicaciones de la periodista. La asociación internacional Reporteros Sin Fronteras calificó a Veracruz como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo.[54] Esto mismo opinaban otros periodistas también secuestrados y asesinados en el estado, como Gregorio Jiménez de la Cruz.[55]

Duarte propuso al Congreso estatal la creación de una Comisión de Protección a Periodistas de Veracruz, para atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, misma que fue aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria el 5 de julio del 2012.[56]

El primero de agosto de 2015, el fotógrafo mexicano, Rubén Espinosa Becerril, corresponsal de Cuartoscuro y de la revista Proceso, fue asesinado junto con otras cuatro personas en la colonia Narvarte, en la capital del país. Espinosa se encontraba en la Ciudad de México porque, según sus declaraciones, se sentía amenazado en el estado de Veracruz. En una entrevista previa a lo sucedido, acusó al gobierno de Duarte de tener sometidos a los medios de comunicación. Nadia Vera, una de las víctimas asesinadas junto a Rubén Espinosa, meses antes de su muerte, responsabilizó a Duarte y su gabinete por cualquier cosa que le sucediera.[57]

En mayo de 2014 una investigación del medio Animal Político y de la asociación ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que durante la gestión de Javier Duarte se habría conformado una red de empresas fantasma, a las cuales se les facilitaban licitaciones públicas o se les asignaban directamente contratos, principalmente relacionados con política social, como el combate a la pobreza o la asistencia.[58][59] Dichas empresas fueron creadas en condiciones irregulares, inmediatamente después del inicio del gobierno de Duarte, tenían domicilios en sitios abandonados o bien, desaparecieron luego de recibir los contratos, además de coincidir en que algunas de ellas tenían socios en común.[58]

A consecuencia del reportaje, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México inició una investigación hacia dichas empresas. Para octubre de 2016 la lista determinada por el fisco mexicano era de 69 empresas que no demostraron su existencia y que presuntamente hicieron operaciones simuladas.[60] Animal Político había comprobado que la alta de algunas de estas empresas fantasma se había hecho con personas no relacionadas con ellas, y de las cuales se usó su firma para el proceso de alta ante el fisco.[58] El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz ORFIS, sumó 131 contratos dados en esta misma forma de operar, sumando 950 millones de pesos (unos 46 millones de dólares) de fondos públicos.[61] El ORFIS abrió el expediente OFS/3275/06/2016 por esta causa e inició una investigación penal.

Uno de los ex contralores del gobierno de Duarte, Iván López Fernández, dijo que el número de empresas llegaba a 600[62] y que estaban repartidas por toda la administración estatal, para lo cual habría informado a la ASF.[63]

durante el periodo donde yo estuve, toda la parte del escandalito este de las famosas 27 empresas, no son 27, ni son 123, son cerca de 600, yo tengo los documentos, y están avisados todos, todos estaban avisados, todos los que tienen que ser directamente responsables

Iván López Fernández

El gobierno de Veracruz en diciembre de 2016 anunció que investigaría a notarías que dieron autorizaciones para crear estas empresas, algunas de las cuales están asignadas a exfuncionarios del gobierno duartista.[64]

Ejercieron el cargo de Presidente del Congreso del Estado de Veracruz:

Presidente del Congreso	Inicio	Termino	Partido
LXII legislatura
Eduardo Andrade Sánchez	5 de noviembre de 2010	4 de noviembre de 2013
LXIII legislatura
Anilu Ingram Vallines	5 de noviembre de 2013	5 de enero de 2015[65]
Octavia Ortega Arteaga[66]	5 de enero de 2015	4 de noviembre de 2016

Ejercieron el cargo de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz

El gabinete de Javier Duarte de Ochoa está compuesto por los titulares de las dependencias gubernamentales del poder ejecutivo estatal que han sido nombrados a partir del 1 de diciembre de 2010 en su gestión como gobernador de Veracruz.[6]