Servicio militar (España)

La ordenanza de 27 de octubre de 1800 consolidó el reclutamiento obligatorio como contribución a la que quedaba sometida la población masculina y estableció la hegemonía del soldado de quintas como base del reemplazo del Ejército español. El sistema se caracterizaba por la existencia de una gran cantidad de exenciones al servicio que impide hablar de igualdad jurídica en las obligaciones de los ciudadanos propia del liberalismo. [3]

La reforma aprobada por el Gobierno liberal de José Canalejas en 1912, mediante la ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército,[4] introdujo la denominación de «servicio militar obligatorio» y eliminó las figuras de la «redención en metálico» y de la sustitución que habían sido las fórmulas de evitarlo legalmente, mediante el pago de una determinada cantidad de dinero y que habían sido objeto de fuerte críticas sociales. La necesidad de mantener los recursos económicos proporcionados por estas figuras hasta ese momento, llevó a instaurar la nueva fórmula del soldado de cuota que aunque no eximía del servicio, reducía drásticamente su tiempo de servicio a cambio del pago de dinero.[5]

Soldados españoles durante su servicio militar en los años cuarenta del siglo XX.

En 1940, recién finalizada la Guerra civil española, Francisco Franco dictó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, por la que se modificaba la legislación sobre el reclutamiento, en la que se estableció, entre otros cambios, la duración del servicio militar obligatorio, denominado servicio en filas, en dos años. Esta norma también disponía la prohibición de contraer matrimonio desde el ingreso en filas hasta su pase a la situación de reserva. También se fijaba una reducción del tiempo de servicio en filas, según la clasificación de los hombres en, sin instrucción premilitar, que tendrían un servicio de dos años, aunque a los 18 meses podrían disfrutar de licencias temporales o ilimitadas siempre que las conveniencias y necesidades del servicio lo permitieran; con instrucción premilitar elemental, que permanecerían 18 meses en filas, que podrían ser reducidos a 12 meses y los que cursaban estudios en universidades, escuelas técnicas y otros centros oficiales de enseñanza superior, que permanecerían 12 meses en filas, distribuidos en los periodos que se determinaran oportunamente.[6] En 1943, se reguló por vía reglamentaria, la obligatoriedad para todos los varones, de haber cumplido el servicio militar para poder ser empleado en cualquier ámbito del Estado.

El Fuero de los Españoles, aprobado en 1945 y que constituía una de las Leyes Fundamentales del régimen franquista, incluía, en su artículo 7, en relación con el servicio militar: «Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas. Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley».

En 1968, se aprobó la Ley General del Servicio Militar, que igualmente establecía en su artículo primero que: «El Servicio Militar es un honor y un deber inexcusable que alcanza a todos los españoles varones...». Esta ley marcaba la división entre un servicio militar obligatorio que tenía una duración entre 15 y 18 meses (marina) y uno voluntario que tenía como ventaja que permitía elegir la región militar donde se desarrollaba el mismo, pero que a cambio era más largo con una duración entre 15 y 24 meses.[7]

El Estado implicaba a las empresas en el control del cumplimiento del servicio militar, así todos los empleadores debían comprobar, antes de admitir a personal a su servicio, si se encontraba en regla con sus obligaciones militares, incurriendo en responsabilidades en caso de incumplimiento.[8]

Reclutas en el cuartel de marinería de San Fernando en 1978.

En 1991, en el ámbito de la profesionalización de las fuerzas armadas, la Ley Orgánica del Servicio Militar acortó la duración del servicio a nueve meses, a la vez que preveía que los militares de reemplazo desarrollaran preferentemente actividades en aquellas unidades cuyo nivel operativo, capacidad de reacción o ámbito de actuación se ajustaran a la formación que se adquiría durante el servicio militar y reservaba las tareas caracterizadas por su mayor complejidad, responsabilidad o experiencia a los militares profesionales.[9]

El servicio militar era rechazado por una parte de la sociedad. Algunos de los ciudadanos llamados a prestar el servicio militar se declaraban objetores de conciencia y se negaban a realizarlo, pese a existir penas de prisión por ello. Para regular esta situación, en 1984 se aprobó la ley de objeción de conciencia. Esta ley disponía el desarrollo de una prestación social sustitutoria para los objetores de conciencia. Esta prestación sustitutoria se regulaba por un reglamento publicado en 1988 que establecía para ella una duración de entre 18 y 24 meses, más larga que el servicio militar cuya duración estaba establecida entonces en los 12 meses. Esta prestación comenzó a funcionar en 1988 y era obligatoria para los 24 000 objetores que había registrados entonces. Estos objetores se concentraban en mayor proporción en el País Vasco y Cataluña que en otras zonas del estado Español.[10]

La prestación social sustitoria la gestionaba el Ministerio de Justicia a través de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia. Para su desarrollo, esta oficina tramitaba acuerdos con distintas organizaciones como Protección civil o Cruz Roja, en las que los objetores, también llamados "colaboradores sociales", prestaban su servicio. No obstante, sus funciones en dichas organizaciones no podían sustituir a las de empleados en plantilla. Una vez finalizada la prestación, los colaboradores sociales pasaban a la reserva.[10]

La finalización del servicio militar obligatorio fue uno de los puntos incluidos en el Pacto del Majestic de 1996 entre José María Aznar y el presidente de la Generalidad Jordi Pujol, a cambio del apoyo de CiU en la investidura del líder del Partido Popular tras las elecciones de ese año.[11] A pesar de que originalmente su eliminación estaba prevista para el 31 de diciembre de 2002, José María Aznar anunció unos días antes de las elecciones generales en 2000 que se adelantaría al 2001, a pesar del criterio en contra del ministro de Defensa Eduardo Serra.[12] El servicio militar obligatorio fue suspendido por la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas[1] y el Real Decreto 247/2001 adelantó esa suspensión al 31 de diciembre de 2001.[13]