Metro de Honolulu

Durante más de 40 años, el debate sobre el desarrollo de un sistema ferroviario en Honolulu ha sido un punto importante de discusión en la política local, especialmente en los ciclos electorales de 2008, 2012 y 2016. Los defensores del sistema dicen que aliviará el empeoramiento de la congestión del tráfico, que ya se encuentra entre los peores en los Estados Unidos. Afirman que la aglomeración urbana en el sur de Oahu es ideal para el ferrocarril, ya que está limitada por las montañas a una franja estrecha a lo largo de la costa, que estará bien comunicada por una sola línea de ferrocarril y que tiene la cuarta mayor densidad de población de los Estados Unidos.

El proyecto se financia mediante un recargo sobre los impuestos locales, así como una subvención de 1.550 millones de dólares de la Administración Federal de Tránsito (TLC) . Después de grandes sobrecostes, los recargos fiscales se extendieron en 2016 por cinco años para recaudar otros 1.200 millones; sin embargo, esa financiación adicional solo fue suficiente para la construcción de Middle Street en Kalihi. El TLC declaró que su contribución está supeditada a la finalización de la línea hasta el Centro Ala Moana y no se incrementará. Después de muchas disputas, la legislatura estatal en 2017 aprobó 2.400 millones de dólares en impuestos adicionales para permitir que la ciudad complete el proyecto de acuerdo con el plan original.

La construcción de la sección final de 4,3 millas (6,9 km) a través del centro de Honolulu, que se espera sea la más difícil de construir, no ha comenzado. El proceso de selección de contratistas para esta sección se reinició en septiembre de 2017 y se espera que demore dieciocho meses. El primer contrato importante para esa sección, un contrato de 400 millones de dólares para reubicar los servicios públicos para despejar el camino de la línea, se adjudicó en mayo de 2018.

El costo final ha aumentado de proyecciones preliminares de 4.000 millones de dólares en 2006 a entre 9.000 millones y 10.000 millones en 2017. Los críticos han pedido una auditora forense para establecer la causa del aumento. La legislación de aumento de impuestos aprobada en 2017 también requiere que el auditor estatal realice una auditoría de las cuentas del proyecto y considere alternativas para completar el sistema.