Ernesto Barreiro

El biografiado nació el 2 de octubre de 1947, su apellido materno es Kovalki. Está casado con Ana Delía Magi, con quien tiene cinco hijos.[2] Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1966. A fines de 1975 con el grado de teniente primero, se incorporó al Destacamento de Inteligencia 141 sito en Córdoba. Durante la dictadura militar se desempeñó en el Centro clandestino de detención denominado La Perla. Está imputado por violaciones a los derechos humanos.[3] Lideró el grupo terrorista de ultraderecha Comando Libertadores de América, responsable de asesinatos cometidos en la provincia de Córdoba.

Tiene abierta una causa en el juzgado federal del juez Ariel Lijo, por la acusación de haberse apropiado de una niña en cautiverio. Según esa denuncia, una de sus hijas sería de desaparecidos.[4][5]

La Perla, conocido también como la Universidad fue el principal centro clandestino de detención de la Córdoba fuera de la capital provincial durante la dictadura. Estaba en la localidad de La Perla, sus instalaciones secretas eran empleadas por las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas, durante el Terrorismo de Estado en Argentina y se cree que por allí pasaron unos 3000 detenidos.[6] Allí en el año 1976 el entonces teniente primero Ernesto Barreiro fue jefe de interrogadores junto al capitán Héctor Pedro Vergez y procuraban extraer información mediante tortura a los detenidos.[7] Una vívida reconstrucción de la actividad de Barreiro en ese centro clandestino fue realizada por el escritor uruguayo Fernando Butazzoni en su novela El tigre y la nieve, publicada en 1986.

En abril de 1987 fue arrestado por los delitos vinculados al terrorismo de Estado y fue dado de baja del Ejército. Formó la "Logia Integralista"[8]

En 1987, Barreiro fue acusado de seis casos de tortura y uno de homicidio y se negó a comparecer ante la Cámara Federal de Córdoba cuando fue citado a declarar sobre ellos. Por esto, a petición del juez, fue arrestado por la autoridad militar y confinado en el Regimiento de Infantería Aerotransportado 14 del III Cuerpo de Ejército, en Córdoba, que contaba con unos 130 efectivos, entre oficiales y soldados. Cuando la Policía intentó trasladar a Barreiro se produjo un amotinamiento en el cuartel exigiendo el cese de los juicios, lo que dio comienzo a la rebelión carapintada de Semana Santa.[9]

Otras dependencias se acuartelaron adoptando la misma posición, encabezados por el teniente coronel Aldo Rico con reclamos que incluían la destitución del jefe del Ejército y la exigencia de una solución política para los juicios a los represores. Si bien la población civil repudió el alzamiento y hubo pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: el presidente Raúl Alfonsín no contó en el Ejército con la subordinación necesaria para controlar a los sublevados, a quienes se los denominada carapintadas por el camuflaje con el que se presentaban.[10]

La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país suscribieron el «Acta de Compromiso Democrático», oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda –el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo – a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo exigieron la rendición de los sublevados. Imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras, Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó; fue capturado dos semanas más tarde y quedó a disposición de la justicia, pero fue beneficiado por la aplicación de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida que exoneraron de responsabilidad por los delitos cometidos durante la represión ilegal a quienes habían revistado con el grado de teniente coronel o inferiores. Por su participación en el levantamiento "carapintada" se lo dio de baja y quedó detenido a disposición de la justicia militar pero fue indultado por el nuevo presidente Carlos Saúl Menem.

En 1988 participó junto a Aldo Rico y Enrique Venturino en la fundación del partido político de Argentina Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN),[11] una agrupación que se definía como "defensora de la República, de sus instituciones, de la justicia, la libertad y la dignidad".[12] [13][14][15]

En 1989, Barreiro apoyó la candidatura de Carlos Menem y, tras su victoria electoral, participó del festejo en el Hotel Presidente.

El 15 de abril de 1998, la ley 24 952 derogó las leyes de Punto Final (N.º 23492) y Obediencia Debida (N.º 23521), que el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley 25779.[16][17]

En 1998, el juez Baltasar Garzón dictó a Interpol una orden de búsqueda y captura contra militares argentinos acusados de haber participado de la represión ilegal, incluido Barreiro.[18]

En 2004, fueron derogadas y declaradas nulas por el Congreso las leyes 23.492 y 23.521 y el 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las mismas, así como la validez de la ley que el año anterior había declarado su nulidad.

En 2004, Barreiro se radicó con su esposa en The Plains, en el estado de Virginia, Estados Unidos, una pequeña localidad que en 2010 tenía 217 habitantes[19] donde tenía un negocio de artesanías en cuero y vendía vinos. El 1.º de abril de 2006 fue arrestado, acusado de fraude en el trámite para obtener la visa, y el 21 de septiembre fue condenado a seis meses de cárcel y luego extraditado a la Argentina,[20] donde está incluido en la megacausa del centro clandestino La Perla.[20]

En 2009, fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, homicidio agravado y sustracción de menor.[21]

En 2010 se lo mencionó por primera vez en un juicio oral y público.[22]

En 2012 fue juzgado en la Megacausa en Córdoba.[23][24]

Según Miriam Lewin y Olga Wornat, Barreiro fue uno de los que robaba a las víctimas y se quedaba con su dinero y objetos de valor.[25]

Barreiro está imputado por 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de una menor.[5][26]

Barreiro afirmó que los acusados por delitos de Lesa Humanidad están siendo perseguidos por el gobierno que los quiere condenar a muerte para destruir al Ejército, a la Iglesia y al peronismo.[27] También dijo que se había limitado a cumplir con sus deberes militares conforme las órdenes que recibiera, hizo hincapié en que en esa época era solo un teniente primero de 20 años y que eran los mandos superiores quienes debían asumir la responsabilidad por los actos cometidos, señalando que tenían todo detallado, con datos de cuántos prisioneros pasaron por La Perla, pero que esos archivos ya no existen porque fueron destruidos por orden del general Cristino Nicolaides.[28]

Ante el Tribunal Oral Federal n° 1 de Córdoba indicó, junto a los también procesados José Hugo Herrera, Luis Manzanelli y Héctor Romero, los lugares donde se encontrarían sepultados de manera clandestina víctimas de la represión ilegal. En caso de ser exactos sus dichos se trataría de la primera vez que un acusado de estos delitos proporciona una información de esta índole.[4][29][30]

• No debió haber desaparecidos, sino fusilados Entrevista por Vicente Romero publicada en El Mundo de Madrid.