Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)

Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico, con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada por grupos de izquierda, entre los cuales se destacaron el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el OPR-33 (a modo de referencia véase Partido por la Victoria del Pueblo o Federación Anarquista Uruguaya). Durante la presidencia de Pacheco Areco (1967-1972) se agudizaron, y sus medidas de gobierno fueron enfrentadas por organizaciones como la Convención Nacional de Trabajadores. Por esa época aparecieron los grupos de extrema derecha Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), cuyos objetivos eran los militantes sociales y políticos generalmente de izquierda, contra quienes realizaron atentados asesinando a varias personas.

El 9 de septiembre de 1970 el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El 16 de diciembre se creó la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco) de las Fuerzas Armadas. Tras las elecciones presidenciales de noviembre de 1971 asumió un nuevo gobierno el 1 de marzo de 1972 presidido por Juan María Bordaberry.

En abril de 1972, el parlamento uruguayo votó por más de dos tercios de sus integrantes que el país estaba en un "estado de guerra".[1] Mientras tanto, el rol de las Fuerzas Armadas en la vida política continuó incrementándose. El 25 de octubre de 1972 Jorge Batlle denunció en televisión que había conversaciones y presuntos entendimientos entre militares e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en el cuartel del Batallón Florida, con el aval de los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi en un momento en que estaban técnicamente en "guerra". Batlle fue procesado por la justicia militar por el delito de “ataque a la fuerza moral del Ejército” y permaneció dos meses en prisión. El 31 de octubre de 1972 el Ministro de Defensa, Augusto Legnani, tuvo que renunciar por no haber podido remover a un jefe encargado de una misión de alta importancia para el ministerio. Posteriormente, los mandos militares del Ejército hicieron publicaciones contradiciendo al Presidente de la República.

El 8 de febrero de 1973, con el propósito de controlar la efervescencia militar, el presidente Bordaberry sustituyó al Ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. En la mañana de ese día el nuevo ministro se reunió con los mandos de las tres fuerzas y sólo encontró respaldo en la Armada.

Finalmente, con el apoyo del entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas decidieron dar un golpe de Estado.

En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica, Adolfo Wasem Alaniz, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura cívico-militar, es decir, hasta 1985. Los citados fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron torturas físicas y psicológicas (comprobadas posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.

Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, en febrero de 1973 nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El Ejército y la Fuerza Aérea respondieron emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los que «desconocían» la autoridad del nuevo ministro, argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas. A su vez, los militares daban la pauta de sus intenciones, no solo de «aportar seguridad para el desarrollo nacional», sino también de querer participar en la «reorganización moral y material del país».

[…] 2.º. Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir mediante la desarticulización de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto, de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del sistema democrático republicano de acuerdo con la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.
[…] 7.º. En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que, integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país.

«Comunicado N.º 4», Mandos militares conjuntos del Ejército y la Fuerza Aérea, 9 de febrero de 1973.[2]

El desconocimiento del Ministro y los planteamientos de participación en la vida política del país marcaron, de hecho, una insurrección de estas dos armas. La Armada Nacional, sin embargo, se mantuvo leal a la Constitución, y ocupó la Ciudad Vieja y las bases del Cerro. Inteligencia naval comunicó al comandante Zorrilla que tres generales se reunían en casas y conspiraban, que Trabal armó un esquema de guerra psicológica con apoyo de inteligencia tupamara, para convencer a cada partido opositor:

• Frente amplio por el general Licandro; que sería un golpe peruanista y pondrían ministros comunistas y socialistas, convenció a Seregni y al PCU+

Blancos, por Aguerrondo y algún naval, que las elecciones que perdió Wilson estaban arregladas, y que llamarían en tres meses a elecciones nuevas para que ganara Wilson.

• Colorados, por Pacheco y por masones; que era para terminar con las obstrucciones de la oposición. No tenían idea que colorados como el vicepresidente Sapelli y el senador Vasconcellos se pondrían de proa, y el pedido de informe de Vasconcellos revelando el golpe en marcha provocó los comunicados de los generales, contra la opinión de los coroneles y tenientes coroneles. Si Zorrilla detenía a los generales, nadie los apoyaría, pero Zorrilla era constitucional y debía pedir permiso al presidente. Nunca se lo dio, ya estaba vendido.

Por eso nunca se le reconoció al comandante Zorrilla y los Infantes de Marina su heroica defensa de la democracia. Solamente la intendencia de Rivera, su patria chica.

Cuando se rebeló una unidad pequeña del tenderredes Huracán, no necesitaba permiso. Zorrilla ordenó hundirlo. Cuando el Jefe de la Flota no obedeció, era blanco y pidió tiempo para conversar, dejó registrada la orden incumplida y se fue para la casa. Allí tiraron tiros una vez, pero Inteligencia Naval avisó que si seguían, morían tres generales, y lo dejaron quieto.

Este conflicto institucional provocó que Bordaberry aceptara determinadas condiciones de los militares en el Acuerdo de Boiso Lanza. Para algunos, el Acuerdo de Boiso Lanza fue un prólogo de la quiebra institucional que vendría. mientras que para otros fue, de hecho, el golpe de Estado. Una de las consecuencias del Acuerdo de Boiso Lanza fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).

Dentro del Frente Amplio hubo discrepancias sobre la reacción a estos hechos, con sectores mayoritarios de la 99 y 808 que lo rechazaron, mientras que otros , como el Partido Comunista (PCU) apoyaron desde El popular la sublevación del Ejército y la Fuerza Aérea. Este apoyo se realizó convencidos por los generales Licandro y Seregni y el PC peruano, que los militares pretendían un golpe de Estado de izquierda o «peruanista», con ministros comunistas y socialistas, similar al impulsado por Juan Velasco Alvarado en Perú en 1968.[3]

Elegido mediante presunto fraude electoral en 1971, Bordaberry disolvió las cámaras en 1973 instaurando la dictadura cívico-militar que se extendería hasta 1985.

El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes y creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, de control administrativo y con encargo de «proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos». También restringió la libertad de pensamiento y facultó a las Fuerzas Armadas y Policiales a asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos.

En el decreto presidencial podían encontrarse las siguientes justificaciones del golpe de Estado:

[…] la realidad político-institucional del país demuestra un paulatino, aunque cierto y grave, desconocimiento de las normas constitucionales […] es que la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional se haya inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal.[4]

Asimismo, establecía la censura de los distintos medios de comunicación:

[…] la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o pueda perturbar la tranquilidad y el orden público.[4]

En respuesta a estos hechos, en la misma madrugada en que se gestó el golpe de Estado, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y la Universidad de la República comenzaron una huelga en resistencia al sublevamiento, la más larga en la historia del país, que duró quince días. Durante la huelga, los militares realizaron detenciones a numerosos opositores, entre ellos Líber Seregni.

En 1975 Juan María Bordaberry elaboró su nueva concepción de la vida institucional. Junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Pacheco Seré, imaginó la creación de un órgano ejecutivo que no tuviera que ser electo por el voto popular, idea que plasmaron en un memorándum. Lo llamaron provisoriamente «Consejo de la Nación» y lo imaginaron integrado por personalidades tales como expresidentes de la República, miembros de la Suprema Corte de Justicia, figuras de gran relevancia nacional y además los mandos de las Fuerzas Armadas de Uruguay, que no podían ser dejadas de lado. Se planteaba prescindir de las elecciones por voto popular. Los futuros Consejos de la Nación se integrarían por cooptación, es decir, por elección de quienes componían el cuerpo anterior. Unos consejos elegirían a los otros hasta el fin de los tiempos.

El 1 de junio de 1976, luego del envío de varios memorándums, Juan María Bordaberry efectuó una extensa exposición ante las Fuerzas Armadas de Uruguay, posteriormente entregada a éstos en un trabajo de veintinueve carillas. En este condicionó su permanencia en el cargo a la aceptación de sus propuestas. Estas eran:

• La presencia, en lo sucesivo, de los militares en la conducción de la República, institucionalizada a través de una reforma constitucional.
• La soberanía nacional sería ejercida mediante plebiscitos o, indirectamente, por el Consejo de la Nación, integrado por el Presidente de la República y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Uruguay.
• La prohibición de las ideas y agrupaciones marxistas.
• La eliminación de la democracia representativa.
• El Presidente de la República sería electo para un período de cinco años por el Consejo de la Nación.

La propuesta desagradó a las Fuerzas Armadas de Uruguay cuyos integrantes, criados en las tradiciones republicanas, no habían pensado en sacar a los políticos de la escena pública y mucho menos eliminar el acto eleccionario. Los militares discutieron las bases de Juan María Bordaberry y las rechazaron.

El 11 de junio de 1976 se produjo en la residencia presidencial de la avenida Joaquín Suárez el último intento conciliatorio, aunque ya las decisiones estaban tomadas. La reunión fue muy áspera. Ni los generales aceptaron el planteo del presidente, ni este aceptó firmar varios cientos de proscripciones de hombres vinculados a la política.

Papeleta por el No a la reforma constitucional en Uruguay en 1980

El general Eduardo Zubía pidió la renuncia a Juan María Bordaberry, a lo que este se negó. Al día siguiente, la Junta de Oficiales Generales, bajo la firma del Comandante en Jefe del Ejército Julio César Vadora, envió una carta a Bordaberry advirtiéndole que le habían perdido la confianza y retirado el apoyo, dando cuenta del hecho a quien hacía las veces de Vicepresidente de Uruguay, el Dr. Alberto Demicheli.[5]

El 12 de junio Alberto Demicheli asumió la Presidencia, pero militante desde siempre del Partido Colorado, por el cual había ocupado cargos de diputado, senador y ministro del Interior en el gobierno de Gabriel Terra, se negó a firmar las proscripciones de los políticos que pedían los militares y el 1 de setiembre fue sustituido por el político blanco Aparicio Méndez, exministro de Salud Pública de 1961 a 1964, quien la asumió por un período de cinco años.

En sentido estricto, ni los militares destituyeron a Juan María Bordaberry ni este renunció. Tampoco lo hizo Alberto Demicheli al ser sustituido por Aparicio Méndez. Hasta el 1 de marzo de 1977, fecha en la que debía terminar el mandato constitucional de Juan María Bordaberry, de jure coexistieron tres Presidentes de la República.

El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechazó por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política.

El 1 de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez, partidario del Partido Nacional.

En noviembre de 1982 se celebraron elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.

Plebiscito en Uruguay de 1980 por departamento. En los de color amarillo, ganó el No.

Otro acontecimiento memorable fue el acto del Obelisco el 27 de noviembre de 1983, en el cual el primer actor Alberto Candeau leyó una recordada proclama, «Por un Uruguay sin exclusiones» ante un millón de personas.

Presos políticos y desaparecidos

Hubo muchos presos políticos en el Centro de Reclusión Militar Número uno, conocido popularmente como Penal de Libertad, por encontrarse cerca de dicha ciudad en el Departamento de San José.

En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz[6] hay 174 detenidos desaparecidos, los que se desglosan:

Regimiento de Caballería Mecanizado N.º 4, utilizado como centro de detención de militantes de ambos sexos y de diversas organizaciones políticas a partir de 1972 y hasta 1982.

• 167 uruguayos adultos
• 6 argentinos desaparecidos en Uruguay
• 1 hijo de personas detenidas o presuntamente desaparecidas

Según el lugar de desaparición, los uruguayos adultos desaparecidos se desglosan:

• 28 en Uruguay
• 130 en Argentina
• 7 en Chile
• 2 en Paraguay

Por otra parte, una investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay entre 1973 y 1985 llevada a cabo por la Universidad de la República dio cuenta de 172 «detenidos - desaparecidos».[7]

En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas (entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira Aldunate).[8]

En tanto, el descontento popular era rampante; los salarios pulverizados por una política salarial impopular terminaban de agotar la paciencia de la gente, que se exteriorizaba con caceroladas y manifestaciones callejeras.

Todos los partidos políticos se presentan con un Plan de Gobierno consensuado, la Convergencia Nacional Programática, que permitió al nuevo gobierno una transición feliz aún en la crisis de la tablita. apoyada especialmente por Wilson y D Elia.

Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985 Álvarez renunció su posición, dejando el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno, quien asume como Presidente de la República según las normas de ese momento y finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retorna a los dirigentes electos legalmente por la población, con la asunción del Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, como Presidente. Este período de interinato se debió a un acuerdo político entre en Partido Colorado y las Fuerzas Armadas para que la banda presidencial no se transmitiera desde un presidente dictatorial Gregorio Álvarez al presidente electo democráticamente, Julio María Sanguinetti. Finalmente quien le puso la banda presidencial a Sanguinetti, fue su vicepresidente, Enrique Tarigo.[9]

Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente (se promulgó el 8 de marzo con el número 15737) una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en el Uruguay, entre los que había personas que habían cometido, de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta forma todos los presos políticos fueron liberados.

Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, pertenecientes a la justicia común, (habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley 14068 de julio de 1972), a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación.

Otra problemática que se debió encarar fue la validez de las leyes aprobadas por el Consejo de Estado, organismo inconstitucional pero que existió durante toda la dictadura. Como se entendió que la mayoría de esas leyes habían creado múltiples relaciones jurídicas de gran complejidad, el novel Parlamento aprobó una ley de convalidación de los actos del gobierno de facto.

En diciembre de 1986, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, se dictó la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y de terrorismo de estado durante la dictadura (1973-1985).

En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar esa Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como «Ley de Caducidad»). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25 % de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado «voto amarillo» (por el color de la papeleta) con un margen de 57 % contra 43 % a favor del «voto verde»: el triunfo del «voto amarillo» significó no derogar la Ley de Caducidad.

Los gobiernos subsiguientes mantuvieron la tradición uruguaya de terminar las guerras civiles unidos, sin vencedores ni vencidos. No obstante, el presidente Jorge Batlle instaló en el año 2000 la Comisión para la Paz, que inició finalmente muchas investigaciones largamente postergadas y logró encontrar desaparecidos. Paralelamente, en 2002 fue juzgado el excanciller Juan Carlos Blanco Estradé. Más adelante, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fueron juzgados varios militares, así como el exdictador Bordaberry.

Un movimiento por la anulación de la Ley de Caducidad se puso en marcha durante la presidencia de Tabaré Vázquez. En octubre de 2009, coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se sometió a plebiscito: por 57 % contra 43 %, nuevamente la vigencia de la Ley de Caducidad fue confirmada en las urnas.

En junio de 2013, en ocasión de cumplirse cuarenta años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, el Parlamento realizó un acto; en dicha ocasión, el senador Ope Pasquet planteó una autocrítica del Partido Colorado respecto de aquella época.[10]

• Portal:Uruguay. Contenido relacionado con Uruguay.
• Golpe de Estado del 27 de junio de 1973
• Consejo de Estado del año 1973
• Anexo:Detenidos desaparecidos de Uruguay
• Anexo:Secuestro de niños, niñas y adolescentes durante el Plan Cóndor (Uruguay)

• Gerardo Caetano y José Rilla. «Breve historia de la dictadura uruguaya». Memoria en el Mercosur. Archivado desde el original el 7 de octubre de 2015. Consultado el 31 de enero de 2013.
• Gerardo Caetano, José Rilla y otros. «Apuntes sobre la dictadura». ANEP. pp. 26 y siguientes. Consultado el 31 de enero de 2013.
• Federico Leicht (2012). De patrias y tumbas; ficciones de la historia reciente. Estuario Editora.
• Federico Leicht (2013). Orden y progreso: el influjo de Brasil en el camino al golpe de Estado. Ediciones de la Plaza.
• Alfonso Lessa (2009). La Primera Orden. Sudamericana. ISBN 978-997-468-319-8.
• Virginia Martínez (2005). Tiempos de dictadura. Ediciones de la Banda Oriental. ISBN 9974-1-0376-2.
• Rey, Rafael (2016). La mayoría silenciosa. Autoritarismo, guerrilla y dictadura según la gente común. Montevideo: Ediciones B. ISBN 978-9974-7-1841-8.
• Soledad González Baica, Mariana Risso y Lilián Celiberti (2012). Las Laurencias: violencia sexual y de género en el terrorismo de estado uruguayo. editorial Trilce, Montevideo, Uruguay. ISBN 978-9974-3-2603-3. Consultado el 7 de julio de 2014.

• Edición completa de la investigación "Detenidos desaparecidos" (5 tomos)
• El golpe de estado, la resistencia, la huelga general y la represión.
• 1973: El golpe de Estado, la Resistencia y la Huelga General en "recortes" diarios Jornal do Brasil, ABC y La Vanguardia (España).