Aborto en Hidalgo

Como en otras entidades en el país, hasta ahora, los grupos conservadores y religiosos en el estado han respondido de manera un tanto agresiva.

En primer lugar, un día después de la aprobación de la nueva ley de la ILE en el estado, tanto el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez, como el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez, y el sacerdote de Pachuca, Marciano Reyes García; pidieron al gobernador en turno que la vetara, pues según ellos, se aprobó "de manera precipitada y sin consultar al pueblo". En su mensaje, los jerarcas católicos expresaron algunas ideas que no pudieron sustentar con datos; como que "el aborto afecta a la madre", "esa resolución (la del aborto electivo) no la compartimos la mayoría de los hidalguenses" o que los legisladores "cayeron en la trampa de otros intereses ajenos a la identidad de nuestro pueblo (sin especificar cuales)". Igualmente, se pronunciaron a favor de una "formación sexual" que debe hacerse en la iglesia, la catequesis, la familia y la escuela; pues opinaron que los jóvenes están informados, pero no formados. Terminaron asegurando que el "catecismo toma en cuenta lo que dice la ciencia", aunque evitaron pronunciarse sobre si la Iglesia respaldaría el uso de anticonceptivos.[12]

Posteriormente, en julio de 2021, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local promovió un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo para igualmente revertir las reformas. Esta vez, argumentaron que durante el debate parlamentario no se les permitió ni expresarse ni votar, a pesar de que en la transmisión en vivo de la sesión ordinaria número 201, misma que se encuentra grabada y accesible desde internet para cualquier persona en el canal oficial de dicho Legislativo estatal, se puede comprobar que varios de los diputados y diputadas de ese partido pidieron subir al estrado para exponer su rechazo al proyecto y se les permitió hacerlo. La demanda fue desechada días después ya que los magistrados del TEEH declararon que no es de su competencia, sino de los de los órganos internos de ese Congreso local, además de que sus exigencias son insuficientes para revocar aquella sesión, así como los acuerdos aprobados en ella y que no hubo lesión a sus derechos políticos o electorales. Ante la negativa, buscaron impugnar a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero este también los rechazó en agosto de 2021.[13][14][15][16]

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que para que una acción de inconstitucionalidad se tomen en cuenta, se necesita el respaldo del 33% de la minoría parlamentaria en cuestión, que en el caso de Hidalgo serían 10 legisladores. Es por eso que, de manera paralela, 11 diputados y diputadas locales del PRI, PAN, PES y hasta una independiente (que militaba anteriormente en el PRD y en aquel entonces apoyaba la despenalización y legalización del aborto voluntario) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, la cual fue admitida el día 4 de agosto de 2021, con el folio 13 100, pero aún no ha sido discutida. Cuando las colectivas y organizaciones feministas de la entidad se enteraron y reclamaron a esos legisladores por su falta de empatía y congruencia, algunos, como dos del PRI, se deslindaron con el pretexto de que "ellos no firmaron ese documento". [17][18]

También se pronunció en contra el Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo, una agrupación creada en 2019 con apoyo de la Iglesia Católica, 15 organizaciones evangélicas y el Movimiento de los Santos de los Últimos Días. No solo eso, en septiembre de 2021, días después de la sentencia de la SCJN sobre la acción de inconstitucionalidad AI 148/2017 (que impide la criminalización de las mujeres y las personas gestantes por consentir un aborto) presentaron un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Hidalgo para que se revisara la constitucionalidad de la nueva normativa. Se les avisó que hasta noviembre se empezaría a revisar ese asunto, pero en marzo de 2022 fueron desestimados. El grupo tenía la intención de hacer comparecer a supuestos peritos en materia genética para que explicaran que es el ADN y como estaba relacionado con la vida humana, sin embargo, su propuesta fue considerada como no idónea.[19][20][21]

Es por lo anterior, que a manera de "último recurso", el día 16 de marzo de 2022, frente al Hospital de Ginecobstetricia de Pachuca se instaló un "puesto de oración contra el aborto", como también sucedió en la Ciudad de México en 2007 cuando se despenalizó y legalizó el aborto voluntario.[22]

Las protestas y manifestaciones de los grupos feministas no terminaron con las reformas de junio de 2021. Ahora reclaman tanto el Gobierno local como a la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo la publicación de una reglamentación local, con una visión intercultural por la presencia de comunidades indígenas en la entidad, para que el personal de los servicios públicos de salud del estado este suficientemente capacitado, sensibilizado e informado. Quieren que la atención sea acorde al protocolo federal, el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México (emitido por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva); es decir sin prejuicios, con calidad y calidez, con instrucciones claras, información científica y procedimientos médicos modernos. Así mismo, piden que se le inyecten recursos a los presupuestos públicos para que haya campañas e insumos necesarios. Aún muchas colectivas siguen reportando negaciones al servicio, malos tratos, cobros injustificados y negligencias. Es por eso que el "acompañamiento", que también se da en otras entidades, se ha incrementado mucho. Las y los usuarios tienen más confianza a estos organismos privados que a las propias instituciones públicas de la entidad. Hasta la propia SSH ha solicitado su apoyo.[23][24][25][26]