Pena de muerte en el Perú

La pena de muerte en el Perú era aplicada en caso de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín y deserción en tiempos de guerra. La pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979. En el mismo año, la pena de muerte fue abolida para los delitos comunes.[1][2]

En 1856 la pena de muerte se abolió. Se restituyó en 1933 para criminales hasta 1979. En 1993 se incluyó al delito de terrorismo.[3]

Usos

La pena capital es legal solo durante tiempos de guerra internacional o terrorismo, con numerosas restricciones. Las sentencias de muerte durante este tiempo se les permite por delitos específicos, y solo pueden ser impuestas por los tribunales militares durante los estados de guerra.

Regulación jurídica

La pena de muerte está en el ordenamiento jurídico peruano, se encuentra en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.

Capítulo VIII: Poder Judicial


Artículo 140°.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada.[4]

Aplicación

Entre 1957-1979 fueron ejecutados 10[5] hombres. En la mayoría de los casos por cometer genocidio e infanticidio. En 1957 fue condenado a pena de muerte Jorge Villanueva Torres conocido también como "Monstruo de Armendáriz" por violación y asesinato a un menor de 3 años de edad.

En el año 1966 la condena fue para Guillermo Lavalle alias "Pichuzo" por violación y asesinato de un niño. En 1971 fue ejecutado Víctor Apaza Quispe por el asesinato de su conviviente en Arequipa. En 1973 dos fueron los condenados: Alejandro Lastra y Gerardo Pinto por haber matado a un policía y a un empleado de un banco, durante un asalto. En 1974 fue condenado Juan Marache por haber matado a un policía. En 1976 se condenaron a otros dos sujetos: Miguel Salazar Valdivia por haber matado a un policía durante un asalto y a Luis Uscuvilca por haber asesinado a un guardia civil, durante un asalto.

La última ejecución fue aplicada en 1979,[6] en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez donde se fusiló a Julio Alfonso Vargas Garayar, exsuboficial de la FAP, por traición a la patria pues se le acusaba de realizar espionaje a favor de Chile. Este hombre fue fusilado a las 6 de la mañana el 20 de enero de 1979, convirtiéndose así en la última persona en quién se aplicó la pena de muerte en el Perú.

Referencias

Enlaces externos

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