Inmigración venezolana en el Perú

Según el último censo nacional realizado en 2017, se demostraba que en el Perú vivían durante ese año unos 47 481 venezolanos.

Perú y Venezuela en el mapa de Sudamérica

Venezolanos viviendo en Perú
Año	Venezolanos en Perú	Variación Intercensal	Censo de población	Referencia
1993	1 489 venezolanos		Censo peruano de 1993	[14]
2007	2 924 venezolanos	96,3%	Censo peruano de 2007	[15]
2017	47 481 venezolanos	1623,8%	Censo peruano de 2017	[16]

El mayor número se encuentra en Lima Norte, llegando al 10,9 % en Los Olivos, 8,9 % en San Martín de Porres y 4,1 % en Independencia; seguidos por La Victoria (8,7 %), Santiago de Surco (5,5 %), San Juan de Miraflores (5,2 %), Chorrillos (4,9 %), San Juan de Lurigancho (4,8 %) y El Agustino (4,3 %). El resto de venezolanos (42 %) en la capital se encuentra distribuido en los demás distritos de Lima y Callao de manera homogénea.[25]

En el distrito limeño de San Juan de Lurigancho se comenzó a gestar, debido a la masiva llegada de ciudadanos venezolanos, el primer barrio de la colectividad venezolana en el Perú, denominado coloquialmente como el «barrio chamo», que en el español venezolano quiere decir «muchacho».[26]

Gobernantes, así como instituciones internacionales han destacado el esfuerzo realizado para acoger la ola migratoria venezolana, José Iván Dávalos jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones manifestó que «Perú ha sido muy generoso con el permiso temporal de permanencia (PTP), que posibilitó el ingreso de muchas personas». Además el Estado Peruano ha canalizado la ayuda de donaciones para los grupos vulnerables que lo necesiten.

En el ámbito legal aparte de los permisos especiales en 2017 entró en vigor el Decreto Legislativo 1350, un conjunto de leyes que intentan favorecer la permanencia y la armoniosa convivencia en la sociedad.

De acuerdo con la normativa peruana las Leyes de Extranjería y de Nacionalidad (Decreto Legislativo 703-1991) eran las principales normas en que se sustenta la política migratoria interna. Ambos documentos constituyeron los principales instrumentos que regularon el ingreso, permanencia, residencia, salida, reingreso y control de extranjeros en el territorio peruano, así como el establecimiento de sanciones en caso de incumplimiento. Dicha Ley de Extranjería nunca fue reglamentada. Por esta razón su texto único de procedimientos administrativos y sus directivas internas, establecían los trámites, procedimientos y servicios a seguir.

Esta norma señalaba que las personas extranjeras tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, con las excepciones previstas en la Constitución y la ley, siempre que éstas tengan una permanencia o residencia legal en el país. De igual forma, señalaba sus obligaciones, entre otras, el pago de las tasas y cumplimiento de procedimientos establecidos en la norma, la inscripción en el Registro de Migraciones, entre otras.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer la preocupante situación en la que se encontraban los migrantes en nuestro país como consecuencia de la obsoleta Ley de Extranjería, la inadecuada aplicación del marco normativo nacional e internacional, falta de coordinación institucional e incumplimiento de resoluciones judiciales son algunos son algunos puntos que se ha podido advertir.

Se menciona que la ley que rigió en el país durante 23 años (1991-2015) estaba plagado de requerimientos «obsoletos», que obstaculizaban la regularización de la situación legal de los extranjeros en el Perú, de este modo, tras varios años de incidencia y luego de 24 años el gobierno peruano publicó el Decreto Legislativo 1236 en octubre de 2015 que reemplaza a la obsoleta Ley de Extranjería de 1991 y este a su vez fue reemplazado al poco tiempo por el Decreto Legislativo 1350 Decreto Legislativo de Migraciones que tiene como puntos clave:

• Garantizar los derechos fundamentales de los migrantes.
• Protección a los grupos de vulnerabilidad.
• Atención a los asilados y refugiados.
• Debido procedimiento para los trámites migratorios regulares como el procedimiento sancionador para los irregulares.

Es un documento emitido por La Superintendencia Nacional de Migraciones que les permite a los ciudadanos venezolanos, regularizar su situación migratoria y desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana, por un plazo de un año a partir de la fecha de su emisión.

Como condiciones tiene:

• Nacionalidad Venezolana.
• Haber entrado regularmente a Perú hasta del 31 de diciembre de 2018.
• No tener antecedentes penales o judiciales a nivel nacional e internacional.

Una inmigrante venezolana vendiendo churro en la Ruta departamental LO-103, a las afueras de Iquitos.

En 2017, debido a la situación económica (Venezuela llegó a tener la mayor inflación del mundo en ese año),[40] la crisis humanitaria y los conflictos internos en Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro, originaron el éxodo masivo de venezolanos. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó públicamente su apoyo a los inmigrantes venezolanos como ampliar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).[41]

Debido a la migración masiva, las facilidades migratorias causaron polémicas y malestar en el ámbito social del país.[42]

Al terminar el 2017, 200 mil venezolanos permanecían en el Perú de los cuales 36 000 habían recibido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).[43] Por otra parte, otros 59 000 venezolanos inician su salida del Perú, como país de tránsito, rumbo a destinos como Chile, Argentina y Uruguay.[44] Hasta el 24 de noviembre de 2018, se contabilizó en 600 mil el número de venezolanos que permanecían en el Perú.[45] El 25 de agosto de 2018, el gobierno peruano informó que comenzaba a exigir la presentación de pasaportes a los venezolanos que ingresaran al país.[46] Asimismo, se adelantó la fecha para acceder al Permiso Temporal de Permanencia hasta el 31 de octubre de 2018.[47] El Gobierno declaró en emergencia a tres distritos de Tumbes «por peligro inminente de afectación a la salud y saneamiento» y el incremento de la «migración internacional proveniente del norte».[48] Por su parte, el gobierno de Venezuela ofreció el pago de pasajes para los inmigrantes venezolanos que quieran regresar a su país.[49][50]

El 5 de octubre, la jueza del Quinto Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, revocó la petición de exigir pasaporte, tras declarar fundado en parte el habeas corpus interpuesto por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que consideraba que no se debe impedir el tránsito a personas forzadas a huir de su país de origen.[51] El Ministerio del Interior y Migraciones apelaron este fallo y el 11 de octubre la misma jueza dejó en suspenso la resolución que ella misma dictaminó, hasta que sea vista por una instancia superior.[52] De esa manera, se restituyó la exigencia del pasaporte, aunque solo de manera temporal, hasta que el Poder Judicial dictamine un fallo definitivo. Sin embargo, los venezolanos que no cuentan con pasaporte continúan ingresando al Perú solicitando refugio.[53] El 31 de octubre de 2018, 6708 venezolanos ingresaron a territorio peruano, siendo el mayor día de ingreso de venezolanos luego de cruzar la frontera con Ecuador.[54]

A inicios de marzo de 2019, la Superintendente Nacional de Migraciones registró a 715 mil venezolanos en el Perú, de ellos, 285.163 cuentan con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), 205.382 están con el proceso de trámite del PTP y 224.666 en calidad de turista.[55] El Estado peruano anunció la solicitud de visa y pasaporte a los venezolanos que quieran ingresar a territorio peruano a partir del 15 de junio de 2019.[56] Desde el 15 de junio de 2019 para migrar a Perú se requerida de visa especial humanitaria para ciudadanos venezolanos.[57] El 14 de junio de 2019, se registró más de 9 mil ingresos de venezolanos al Perú, superando el récord de ingresos, en un día, registrado el 31 de octubre de 2018.[58] A mediados de julio de 2019, alrededor de más de 850.000 migrantes venezolanos se encontraban en el país.[59]

El 16 de junio de 2019, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB) y la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica (CEAS), interpusieron un hábeas corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Migraciones, por la exigencia de visa y pasaporte. Dicho habeas corpus fue interpuesto ante la Corte Superior de Justicia de Lima, al considerar que se estaba vulnerando el derecho al libre tránsito, el derecho a recibir refugio, el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho de los niños y adolescentes a la unión familiar reconocidos por la Constitución.[60]