Gobierno de Luis Lacalle Pou

Pese a la derrota electoral en 2014, comenzó a prepararse de cara a las siguientes elecciones presidenciales ya desde 2015.[3] El 30 de marzo de 2019 lanzó oficialmente, en el Estadio Alfredo Víctor Viera, su pre-candidatura para las elecciones internas de ese año.[4][5]

En las elecciones internas se impuso sobre los demás pre-candidatos de su partido, con el 53 % de los votos, y anunció su fórmula electoral con Beatriz Argimón como candidata a la vicepresidencia.[6] El 12 de agosto, Lacalle renunció a su escaño en la Cámara de Senadores, y un día más tarde, la fórmula comenzó la primera gira nacional por el interior del país.[7] El 1 de octubre se realizó un debate entre los dos principales candidatos para la primera vuelta -Lacalle Pou y Daniel Martínez del Frente Amplio-.[8] El 23 de octubre Lacalle cerró su campaña en la ciudad de Las Piedras junto a Argimón,[9] mientras que el domingo 27, en la primera vuelta de las elecciones generales obtuvo el segundo puesto con alrededor del 29 % de los votos.[10]

En la misma noche del 27 de octubre, tras conocerse las proyecciones de resultados, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Edgardo Novick, candidatos del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, respectivamente, llamaron a votar por Lacalle Pou en la segunda vuelta.[11][12][13] Pablo Mieres del Partido Independiente oficializó su apoyo unos días después.[14] Lacalle Pou reiteró su voluntad de acordar con los otros cuatro líderes opositores y afirmó que "el gobierno que viene no es del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional".[15] El 5 de noviembre se presentó el «Compromiso por el País», un documento base de acuerdo programático entre los diferentes partidos que integran la Coalición Multicolor.[16] El acuerdo, definido por el candidato como "una síntesis de lo mejor de cada programa".[17] El 13 de noviembre se realizó un segundo debate entre Lacalle y Martínez.[18][19] Lacalle cerró su campaña el 20 de noviembre junto a Argimón y los líderes de la Coalición nuevamente en la ciudad de Las Piedras.[20][21]

El 24 de noviembre, la fórmula Luis Lacalle Pou-Beatriz Argimón triunfó en la segunda vuelta de las elecciones generales con el 50.79% de los votos frente al 49.21% de la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar.[22]

El 2 de diciembre, Lacalle Pou se reunió con el presidente saliente Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva, para dar inicio al proceso de transición.[23][24] Mientras que al día siguiente, comenzó el proceso en el ámbito del Parlamento, entre la vicepresidente saliente Lucía Topolansky y Beatriz Argimón.[25]

El 10 de diciembre, como presidente electo viajó junto a al presidente Tabaré Vázquez a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del presidente Alberto Fernández.[26][27] Días después presentó, en el Hotel Dazzler de Montevideo, a su gabinete de ministros, compuesto por integrantes de la Coalición Multicolor.[28]

La Ley N° 19889 de urgente consideración, también llamada «Ley de Urgente Consideración» o abreviada como «LUC», es una ley cuyo proyecto ya fue anunciado por el presidente Lacalle Pou cuando era candidato a la presidencia, que pretendió dejar sentadas las bases de su administración. Esta ley fue objeto de intenso debate político entre el oficialismo y la oposición dado que abarca asuntos naturalmente polémicos pero además que su contenido no fue público hasta pasadas las elecciones nacionales sumado a la extraordinaria cantidad de artículos que contiene, muy por encima de lo habitual para esta herramienta de gobierno. Entre las reformas que dispone están:

• La modificación de la legítima defensa en el Código Penal, aumentando su concepto y estableciendo hipótesis nuevas en las que se presume la legítima defensa.[53][54]
• Aumento de penas para delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus formas.[54]
• Sanción al agravio o menoscabo a las autoridades policiales.[53][54]
• Derecho al porte de armas del personal policial y el militar en ambos casos en situación de retiro.[53]
• Limitación de la ocupación de espacios públicos y de «piquetes».[53][54]
• Agravamiento de penas para los menores infractores.[53]
• Modificación de la organización de la educación pública en primaria, secundaria, UTU y formación docente, pasando a concentrar el CODICEN los respectivos consejos de cada una de estas que pasan a ser ahora direcciones.[53]
• Modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera (LIF), pasando los trabajadores a cobrar a opción en dinero en efectivo y no obligatoriamente por medios electrónicos. Además, se eleva el monto mínimo a partir del cual en el negocio jurídico debe establecerse un medio de pago electrónico a un millón de unidades indexadas.[53]
• Creación del Ministerio de Ambiente, una de las promesas de campaña del equipo de Luis Lacalle Pou.[53]
• Limitación de las ocupaciones de los lugares de trabajo, garantizando el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar, y el de los empleadores a ingresar a las instalaciones libremente.[53]
• Establecimiento de una comisión para la reforma del sistema de previsión social.[53]
• El derecho a la portabilidad numérica móvil.[55]

Entrega de firmas en la Corte Electoral.

En octubre de 2020 se confirmó que diferentes organizaciones sociales y políticas promoverían un recurso de referéndum contra 135 artículos de esta ley.[56] Finalizada la campaña de recolección de firmas para habilitar la realización de dicho referéndum, el 8 de julio de 2021, el presidente del PIT-CNT anunció que se entregarían ese mismo día 763.443 firmas a la Corte Electoral para su validación. [57] El 8 de diciembre de 2021 la autoridad electoral finalizó el proceso de verificación y validación de las adhesiones presentadas y realizó la convocatoria a la votación para el 27 de marzo de 2022.[58] Finalmente, en los comicios, la opción del "NO", es decir, a favor de mantener los 135 artículos de la ley, se impuso por un 50.0%.[59]

El lunes 16 de marzo de 2020 comenzó a ejecutarse la operación «Frontera Segura», por la que se desplegó a más de 1000 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de patrullaje fronterizo en un área de 35000 kilómetros cuadrados con el propósito de combatir la inseguridad y el narcotráfico.[60] Luego de la capacitación del personal de oficiales con personal de Aduanas, Fiscalía, y contacto con los vecinos, comenzó la movilización de las tropas. El patrullaje tiene lugar las 24 horas y para el despliegue se establecieron carpas en distintos puntos estratégicos de las rutas. La Fuerza Aérea comenzó el patrullaje aéreo para hacer reconocimiento, patrullaje y vigilancia en la frontera seca con un contingente de aviones Cessna A-37 Dragonfly. La Armada Nacional también aumentó su presencia en ríos, arroyos y lagunas fronterizas para realizar controles.[61]

El 8 de setiembre de 2020 el ministro de Defensa Javier García anunció en conferencia de prensa la compra a España de dos aviones Lockheed Hercules C-130 H por un monto de 21 millones de euros más repuestos por un millón de euros. Estos aviones de la década de 1970 son 20 años más nuevos que los que hasta el momento poseía la Fuerza Aérea Uruguaya. Con esta compra, el gobierno pretendió modernizar la flota aérea para poder ejercer soberanía y tener alcance intercontinental y a la Antártida, de forma de poder cumplir con el deber de cobertura en la zona de rescate del océano que le corresponde a Uruguay y operaciones humanitarias. El tiempo estimado de uso garantizado es de 20 o 35 años.[62][63] Esta compra fue criticada por la oposición por el monto gastado y el momento en que se decidió ejecutar el gasto. Desde el Frente Amplio se cuestionó por qué se pagó esa cifra si según notas en medios españoles los aviones estarían tasados en 5 millones y medio de dólares. Otras críticas desde el Frente Amplio y sus ministros en el Tribunal de Cuentas es el hecho de que se hayan adquirido por compra directa y catalogada como secreta y que en el contrato se haya establecido que España no asume ninguna responsabilidad por el estado de los aviones. Esta última crítica fue respondida desde el gobierno que es una condición contractual habitual debido a que la garantía la asume el fabricante de la aeronave y no el país que la vende.[64]

En setiembre de 2021 legisladores del Frente Amplio llamaron a sala al Ministro de Defensa Javier García para dar explicaciones sobre esta compra.[65] Durante la interpelación, el diputado Gerardo Núñez dijo que la compra había sido realizada con poca transparencia y sin permitirle a la oposición acceder a la carpeta del expediente, que los aviones estaban jubilados en España y fueron comprados sin ningún tipo de garantía, que no hubo un proceso competitivo y que tampoco hubo informes jurídicos y técnicos previos. Para defender la compra el ministro respondió que esta fue completamente transparente y que gracias a ella el país pudo recibir varios insumos para combatir la pandemia de COVID-19. Sobre la garantía, dijo que todas las compras de material usado se hacen de esa forma, as-is y where-is (como vengan) e hizo referencia a compras militares durante los gobiernos del Frente Amplio que también se realizaron con estas condiciones. El ministro dijo sobre los informes previos que hubo un informe técnico de la Fuerza Aérea que respalda la compra. La interpelación terminó con una resolución en la que quedaron conformes con las explicaciones, con los votos de los partidos de la coalición y del PERI.[66][67]

La Ley de Urgente Considereación estableció la regla fiscal, definida como una reforma estructural con el propósito de dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Es un instrumento que pretende controlar el crecimiento del gasto público ajustado por el ciclo económico. Como consecuencia de su aplicación se pretende evitar la suba de impuestos como forma de recaudación fiscal fuera de las leyes de presupuesto y permitir el aumento del gasto público en políticas sociales en circunstancias extraordinarias sin necesidad de subir impuestos o endeudar al estado a un nivel que comprometa su solvencia a futuro.[68][69][70] Esta regla fiscal alcanza a la Administración Central, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que no sean del dominio comercial e industrial.[70] La regla tiene una meta indicativa sobre el Resultado Fiscal Estructural, el cual fija una meta sobre el balance de las cuentas públicas y corecciones para mejorar la sostenibilidad de la política fiscal en caso de desajustes en épocas de expansión o recesión en el ciclo macroeconómico o en circunstancias extraordinarias. Para los cálculos del balance estructural se crearon dos organismos técnicos: el Consejo Fiscal Asesor y la Comisión de Expertos.[70]

Andrés Blanco, jurista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, opinó que las reglas fiscales como la establecida no son convenientes porque desde un punto de vista económico las hipótesis teóricas en las que se basan son erróneas, si se observa en la práctica los efectos de su aplicación en donde no se cumplieron las metas propuestas. En lo político, las reglas fiscales representan una restricción al funcionamiento democrático del Estado, al retirar en gran medida del debate público un aspecto importante de la actividad estatal como el gasto público.[71]

En los artículos 215 a 226 de la LUC, bajo el rótulo de «libertad financiera», se modificaron aspectos de la Ley de Inclusión Financiera del 2014, entre los que se pueden citar:[72]

• la eliminación de la obligatoriedad de realizar el pago de salarios por vía electrónica, que pasó a ser opcional y sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo;[72]
• los honorarios por servicios profesionales prestados fuera de la relación de dependencia ya no es obligatorio que se hagan únicamente a través de depósito bancario o medios de pago electrónicos, sino que en el caso de montos de hasta un millón de unidades indexadas se pueden pagar en efectivo;[72]
• el Estado ya no está obligado a usar medios electrónicos para pagarle a los proveedores de bienes o servicios, pudiendo ser en efectivo a elección del proveedor hasta el límite máximo previsto para la compra directa común (según las normas de administración financiera del Estado);[72]
• para los pagos en general, no se podían hacer en efectivo pasadas las 40 mil unidades reajustables, pero con la reforma ese tope se elevó hasta un millón de unidades indexadas.[72]

Con la reforma a la Ley General de Educación de 2008 por la Ley de Urgente Consideración y tras el fin del mandato de los consejeros electos de la educación, se eliminaron los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional —órganos colegiados integrados por un director, un consejero político y un representante elegido por los docentes— y en su lugar se erigieron las Direcciones Generales —cargos unipersonales dependientes del Consejo Directivo Central con voz pero si voto—. Desde gobierno se arguyó que este cambio era para dotarlos de mayor autonomía y dinamismo a la hora de tomar decisiones, evitando el intercambio de ideas «de ida y de vuelta».[73]

Para el educador y exconsejero de la ANEP Héctor Florit «la pérdida de los consejos es volver a antes de 1918» cuando se creó el Consejo de Primaria. En su opinión, los consejos eran una forma de «recoger sensibilidades distintas» en donde se expresaban mayorías y minorías, y permitir a la educación ser tratada como política de Estado. El exconsejero del fenecido Consejo de Secundaria Carlos Rivero opinó que con esto se perdió la cercanía del instituto educativo y sus autoridades con la gente, aparte de resaltar en su visión la importancia de la opinión sindical y de las asambleas técnico-docentes. Robert Silva, presidente del CODICEN y una de las caras más visibles en la reforma educativa de la LUC, defendió la reforma, aduciendo que se salió de una lógica de tener varios consejos a uno único en donde se discute todo el sistema educativo de forma integral para tomar decisiones y realizar las transformaciones a la educación que el gobierno pretendía hacer más adelante (véase más adelante en «Reforma educativa»).[74]

Otro cambio introducido por la LUC fue dejar de exigir como requisito contar con 10 años de experiencia en la educación pública como requisito para poder integrar órganos de gobierno de la ANEP. Este requisito, según Héctor Florit, tenía su fundamento en que había que preservar la educación de los vaivenes de la política y también confirmar su independencia. Florit además cita las palabras del exconsejero Pivel Devoto, sobre que como la educación es un campo cultural con su propia especificidad, es natural que quien conduzca la educación sea en su mayoría docentes. Para Florit, el cambio introducido por la LUC en este aspecto niega esa especialidad al permitir que los cargos de gobierno en la educación no sean integrados por docentes y que se sumen a conjunto de cargos públicos destinados a atender repartos políticos y ser susceptibles de lo partidario.[75]

A partir del Decreto n.° 84/021, se reconoció el carácter terciario no universitario de todas las carreras dictadas en las escuelas artísticas del Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos (SODRE), entre ellas la Escuela Nacional de Formación Artística (ENFAS), la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Arte Lírico. Esta política extendió la política implementada al final del período anterior del reconocimiento terciario no universitario de la carrera de la Escuela Nacional de Danza. Antes este tipo de carreras artísticas de danza, canto lírico y orquestas que son de alta carga horaria y dedicación no tenían validez en el sistema educativo formal, pero ahora este reconocimiento permite continuar profesionalizando la educación artística y habilita a los egresados de estas carreras a continuar su formación artística en otros institutos nacionales o internacionales.[76][77]

A finales de septiembre de 2022, el Consejo Directivo Central (CODICEN) aprobó un nuevo plan educativo para comenzar a aplicarse en 2023.[78] El denominado Plan de Educación Básica Integrada (EBI) introdujo modificaciones como el cambio del ciclo básico de la educación secundaria —primero, segundo y tercer año— por séptimo, octavo y noveno, unificando la educación primaria con la media.[79][80] Asimismo, cambió los nombres de las asignaturas, y creó espacios: de comunicación, científico-matemático, social y humanístico, creativo-expresivo y de desarrollo personal; se incorporaron las materias de Ciencias de la Computación, Mundo Contemporáneo, Comunicación y Sociedad, y Ciencias del Ambiente.[81]

En materia de ganadería, durante el período de gobierno anterior productores rurales se manifestaron debido a la prevalencia del delito de abigeato o robo de ganado y las consecuencias económicas para estos productores, y el combate al abigeato fue uno de las promesas de campaña más visibles del presidente Lacalle Pou. Antes de asumir el nuevo gobierno, el futuro ministro del interior Jorge Larrañaga ya anunció la futura creación de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural que coordinaría esfuerzos con el Ministerio de Defensa, de Ganadería, las intendencias departamentales y el Instituto Nacional de Carne, previendo el aumento de vigilancia policial en el medio rural, el uso de tecnología para la ubicación de animales y patrullaje en frontera,[82] que con la Ley de Urgente Consideración se creó y comenzó a funcionar.[83] En agosto de 2020 se inauguró la sede de la Dirección Nacional de Seguridad Rural en el departamento de Florida y también se le dotó de 55 camionetas y motos para poder patrullar en el campo.[84] En junio de 2021 las autoridades anunciaron que desde la puesta en funcionamiento de este organismo hubo una disminución del 40% en los abigeatos.[85]

En enero de 2020, mientras todavía era presidente electo, Luis Lacalle Pou anunció que su gobierno flexibilizaría los requisitos para obtener la ciudadanía uruguaya tanto legal como fiscal, con el objetivo de "atraer al país a familias de distintas partes del mundo", así como capital.[86] En junio de ese año, mediante un decreto presidencial se flexibilizó los requisitos necesarios para obtener la residencia fiscal.[87] Por un lado, el valor mínimo requerido de un inmueble propiedad de un extranjero para solicitarla se redujo desde los 1,7 millones de dólares a los 380 mil dólares, con la condición de que la persona permanezca en el país por al menos 60 días al año. Por el otro lado, se redujo de los 5,3 millones de dólares a los 1,6 millones el valor de la empresa en la que un extranjero debía participar directa o indirectamente y que generara por mínimo 15 puestos directos de trabajo para solicitar la residencia fiscal.[88]

En agosto de 2022, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Integración (PNI), dirigido a garantizar la buena adhesión que los migrantes, solicitantes de refugio y refugiados a la población local, y así promover el desarrollo del país.[89] Buscando lograr una “segura, ordenada, regular y responsable”, se anunció que con apoyo de apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),[90] se llevarían a cabo talleres mensuales sectoriales, para establecer una estrategia integral que abarque todo el territorio nacional y los distintos niveles de gobierno.[91]

Con la Ley de Urgente Consideración se creó el Ministerio de Ambiente, al que se le transfirieron las unidades de trabajo sobre medio ambiente con sus funcionarios y recursos financieros que antes estaban en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. A partir de entonces la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) pasan a estar dentro de la órbita del Ministerio de Ambiente. El nuevo ministerio tiene dentro de sus cometidos el desarrollo de una política de monitoreo, recuperación y protección de la calidad de los cursos de agua, del suelo y del aire, para tener un uso responsable de estos recursos y el desarrollo sostenible y solidario con las generaciones futuras. Además, se busca proteger los acuíferos subterráneos del territorio nacional realizando estudios de impacto ambiental antes de cualquier explotación de recursos minerales a gran escala. También está dentro de sus competencias el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la creación de un Sistema Nacional de Gestión de Residuos.[92] El Senador Adrián Peña asumió como ministro de Ambiente y Gerardo Amarilla como subsecretario, en un acto realizado en la planta de potabilización de agua de OSE en Aguas Corrientes, Canelones.[93][94]

En el sistema de bienestar animal, la Ley de Urgente Consideración sustituyó a la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) establecida en 2015 con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), un órgano desconcentrado dentro de la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), integrado por representantes del Ministerio de Ganadería, Comisión Nacional de Zoonosis, Ministerio del Interior, Congreso de Intendentes, Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, uno por las agremiaciones de productores rurales, y uno de las organizaciones protectoras de animales. Este instituto propenderá por la tenencia responsable de animales, control de animales de compañía, campañas de identificación y castraciones. Además, podrá confiscar animales maltratados o que supongan un peligro para otras personas o animales. También crea un sistema de albergues de animales callejeros.[95]

Desde las organizaciones animalistas se vio con buenos ojos la creación de este instituto, sin embargo, expresaron su preocupación sobre que siga dependiendo del MGAP como lo hacía COTRYBA y no esté en la órbita de otro ministerio como proponían, aduciendo que quienes dirigen son ganaderos con un enfoque del cuidado de animales de producción, en conflicto con los intereses de los animalistas. Karina Kokar, representante de la organización animalista Plataforma Animalista Liberal, dijo que —a diferencia del sistema anterior— ahora se daba representación en el Consejo a las asociaciones rurales con la Sociedad Médica Veterinaria que tendría conexiones con los productores rurales y la Facultad de Veterinaria, así pudiendo tener dos votos a favor en caso de establecerse la eutanasia animal, aparte del doble voto del MGAP, con el que las posturas de los animalistas nunca serían mayoría. Manifestó además que la presencia de representantes que pudieran estar alineados con los productores rurales es para obtener una solución por cualquier medio para las jaurías de perros que venían atacando al ganado desde hace unos años, lo que en opinión de los animalistas, debe solucionarse de otra forma, yendo al fondo del problema y abordándolo de forma ética con educación y castraciones.[95]

En octubre de 2021 el INBA firmó un acuerdo con los gobiernos departamentales para realizar una campaña nacional de castraciones y colocaciones de chips de identificación a más de 90 mil perros por año de forma gratuita. Los animales a los que se les inserte el chip quedan registrados en el Registro Nacional de Animales de Compañía.[96]

El 2 de abril de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, se promulgó la Ley n.° 19.869 de Telemedicina, que estableció lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la medicina como un tipo de prestación de servicios sanitarios, con el propósito de mejorar la eficiencia y calidad del servicio, además de extender el nivel de la cobertura a través de las tecnologías de la información y comunicación. Es precisamente la distancia del paciente con el profesional de salud el factor crítico que impulsa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como forma de intercambiar información para realizar diagnósticos, disponer tratamientos y prevenir enfermedades, además de ser un medio para la educación permanente de los profesionales de la salud. El desarrollo de la telemedicina ha de realizarse bajo una serie de principios: universalidad, para garantizar el acceso a la salud a toda la población; equidad, al permitir la atención a lugares remotos o sin recursos; calidad de servicio, en la atención al paciente y la formación del personal; eficiencia, optimizando el uso de recursos; descentralización del Sistema Nacional Integrado de Salud; complementariedad, sin sustituir el trato directo con el paciente; y confidencialidad de la relación médico-paciente, pero también la seguridad en el intercambio remoto de información.[116][117]

Un artículo de la Ley de Telemedicina fue objeto de una crítica por parte del Ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli, quien advirtió que en una disposición normativa del artículo 7 sobre el consentimiento del paciente, en el caso de los tratamientos a los menores la norma decía que el consentimiento de ellos lo daba su tutor o representante legal, lo cual es contradictorio y atenta contra los derechos de los menores, ya que según el criterio de autonomía progresiva, uno de los pilares de la Convención de los Derechos del Niño, se debe atender a los niños y adolescentes no según su edad sino como un sujeto de derecho que tiene derecho de ser consultado en su opinión en decisiones que afecten su vida, en función del grado de madurez.[118] Para atender este problema, la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg impulsó un proyecto de ley para modificar el artículo 7 para que en los procedimientos a través de telemedicina se respete el principio de autonomía progresiva de la voluntad de los menores y personas con discapacidad, de forma de rectificar el retroceso en derechos, que terminó por aprobarse en agosto de 2021.[119][120]

A partir de la aprobación del decreto n.° 282/022 se flexibilizó el régimen de empaquetado y etiquetado neutro de los productos de tabaco al modificar el decreto n.° 120/019 que reglamenta estos aspectos de la política antitabaco establecida durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez con la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo n.° 18.256. Con la firma del presidente Lacalle Pou se aprobó el decreto, que surgió a propuesta de la cartera de Industria, pero que no obstante no contó con la opinión de la Comisión Interinstitucional para el Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública.[121] Desde el gobierno, el propósito de esta norma es combatir el comercio del cigarrillo de contrabando o falsificado y la reducción de costos para la fabricación de los cigarrillos comercializados en el mercado formal.[122]

Anteriormente se obligaba a las tabacaleras a comercializar los cigarrillos en una cajilla dura con apertura abatible, prohibiendo el uso de otro material como las cajillas blandas. Con el nuevo decreto se elimina la exigencia del tipo de apertura y omite hacer mención sobre el tipo de material del paquete, porque según el gobierno, la presentación en cajilla blanda tradicionalmente era la de mayor ventas y le permitía competir con los productos equivalentes que llegan de contrabando o falsificados. Otra modificación relevante es la de dejar de requerir que el interior de la cajilla sea blanco liso con una cubierta de papel metalizado. Asimismo ahora se permite que los cigarrillos contengan logos u otros elementos identificatorios de las marcas.[121]

Esta decisión política recibió críticas desde distintos actores a nivel nacional e internacional. La Facultad de Medicina de la Universidad de la República en una carta solicitó al Presidente de la República revocar el decreto, manifestando su preocupación por el decreto que contraviente las normas sobre cigarrillos en una forma que favorece a la industria tabacalera. Expresa en su misiva que con este cambio Uruguay pasa de estar a la vanguardia en la protección de la salud a nivel internacional a hacer un retroceso con argumentos débiles de tipo comercial que se podrían haber abordado de otra manera.[123] A nivel internacional, las organizaciones no gubernamentales Coalición América Saludable, integradora de más de 200 ONG de América, y Campaign for Tobacco-Free Kids manifestaron su rechazo por este cambio en la política de empaquetado y etiquetado de tabaco. La primera expresó su preocupación porque quien es ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, es aspirante a director de la Organización Panamericana de la Salud, mientras que la segunda solicitó al presidente Lacalle Pou revertir el decreto, con el que la actual administración haya antepuesto los intereses de las tabacaleras sobre la salud de la población.[124]

Días después, trascendió en la prensa nacional un dicho del presidente Lacalle Pou por el cual reconoció que el decreto para flexibilizar la normativa sobre empaquetado y etiquetado fue a pedido de la empresa tabacalera Montepaz, quienes le hicieron la solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero que el gobierno no se dejó mover por presiones.[125] Esta declaración fue criticada por el frenteamplista Mario Bergara, la que consideró una confesión inadmisible, que se gobierne siguiendo los reclamos corporativos o de intereses particulares en vez de tener en considerar el interés general. Además dijo de este tema que si se naturaliza esa forma de gobernar se cambia la naturaleza de la democracia.[126] Otro aspecto que mencionó y que trascendió públicamente es el hecho de que Montepaz fue uno de los que financió parte de la campaña electoral de la fórmula Lacalle Pou-Argimón del Partido Nacional en las pasadas elecciones, según datos de la Corte Electoral.[125][126]

A mediados de julio de 2022 se dio a conocer en la prensa a partir de un pedido de informes de una legisladora que a partir de agosto de 2020 hubo incidentes de ciberseguridad, por los cuales se hackeó un sistema informático de la Dirección Nacional de Identificación Civil y se filtró la información personal de pasaportes de aproximadamente 84.000 personas. La noticia del incidente se emitió en febrero de 2021 y la legisladora solicitó un informe en marzo de ese año, que recién fue respondido en junio de 2022. Entre los datos filtrados de los pasaportes se encuentran nombres y apellidos, fecha de emisión y vigencia, foto y firma, además de la rúbrica del funcionario que autorizó el documento. Hasta ahora no se conoce la identidad de los autores ni el alcance completo del ataque.[127]

El Ministro del Interior Luis Heber se justificó del incidente aduciendo una mala herencia de los gobiernos del Frente Amplio, al decir que recibieron unas máquinas prehistóricas.[128] Estas afirmaciones fueron criticadas y puestas en duda por el exdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil durante los gobiernos del Frente Amplio, Ruben Amato, que dijo que «hay que hacerse cargo de una vez» y pidió que se revisen las auditorías en seguridad realizadas y el informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre seguridad realizados antes del inicio de emisión de los nuevos pasaportes.[129] El exdirector general del Ministerio del Interior Federico Laca por su parte cuestionó los dichos de Heber y aseguró que en el período anterior se hizo la mayor inversión en la historia en tecnología dentro del Ministerio del Interior, incluyendo el nuevo centro de procesamiento de datos donde se encuentra la infraestructura para la firma digital de pasaportes y documentos de identidad.[130]

Para hacer frente a esta crisis, el ministro Heber anunció la apertura de una licitación para comprar equipamiento nuevo y adquirir un software que brinde un nivel de seguridad de forma que no se pueda vulnerar tan fácilmente a la DNIC. Con estas inversiones, las autoridades pretenden contar con lo más nuevo para defenderse de la delincuencia cibernética.[131]

En el primer trimestre de 2022 aumentó un 35% los homicidios, con 32 homicidios en abril y en un período de once días de mayo hubo otros 16 homicidios. Debido a esto, el ministro Luis Heber presentó al presidente un plan para combatir los homicidios con mayor presencia policial y coordinación interministerial.[132]

Con el avance incesante del coronavirus en todo el mundo, muchos gobiernos dispusieron el cierre de fronteras y cese de operaciones de aeropuertos y cancelaciones de vuelos comerciales. Debido a que quedaron uruguayos varados en el exterior, el entonces canciller Ernesto Talvi dispuso la operación «Todos en casa» para el retorno de uruguayos en el exterior que no residan en el extranjero y que previeran volver al país pero no pudieron por estas restricciones y el retorno de extranjeros varados en Uruguay a sus países de origen.[155] En el transcurso de esta operación regresaron al menos 3965 uruguayos varados en 67 países.[156]

El 7 de septiembre de 2021, en el marco de las tensiones dentro del Mercosur debido al pedido de las autoridades uruguayas de poder negociar acuerdos bilaterales por fuera del organismo, después de reunirse con representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, Lacalle Pou anunció en una conferencia de prensa que se habían iniciado las negociaciones formales para la realización de un estudio de prefactibilidad para la firma de un tratado de libre comercio con la República Popular China.[157][158]

En ese mes se firmó un acuerdo de estudio conjunto de factibilidad con China para evaluar la posibilidad de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países, que en julio de 2022 concluyó de forma positiva y dando inicio a las negociacioens formales para alcanzar un TLC.[159][160]

El 9 de agosto de 2022 la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo de cooperación en materia de defensa con China, firmado durante el período de gobierno anterior en setiembre de 2019, cuyo análisis se detuvo en junio de 2022 por legisladores oficialistas para pedir más información, luego de que este recibiera el visto bueno de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. El acuerdo firmado, de duración indefinida, contiene disposiciones sobre el intercambio y cooperación en investigación y adquisición de bienes y servicios de defensa y apoyo logístico, cooperación en el área de operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, mediante la realización de ejercicios y entrenamientos combinados. Asimismo, menciona la cooperación en ciencia, tecnología y equipamiento militar, asistencia en caso de desastres, lucha contra el terrorismo y otros asuntos de interés mutuo. Prevé como forma de cooperación las visitas oficiales de altas autoridades, intercambio estudiantil y de instructores entre institutos militares y la visita de barcos de guerra.[161][162]

El entonces ministro de Turismo Germán Cardoso se vio envuelto en una polémica a mediados de 2021 durante su gestión por cesar al director nacional de turismo Martín Pérez Banchero por —según Pérez Banchero— negarse a firmar expedientes para realizar compras de publicidad de forma directa en forma irregular, además de afirmar que se utilizaba la compra directa por excepción como regla en vez de la vía principal de la licitación pública.[163][164]

Posteriormente se reveló que bajo la administración Cardoso el Ministerio de Turismo contrató los servicios de una empresa de Estonia, Kirma Services, de publicidad por internet en la suma de US$280 000, que el Tribunal de Cuentras observó por adjudicarse a una empresa desconocida, que no estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado como la normativa requiere, aparte de que los clientes con los que la empresa aseguraba haber trabajado dijeron no conocer la empresa. Como consecuencia de este escándalo, Germán Cardoso renunció de su cargo de ministro y se abrió una investigación parlamentaria y hubo denuncias ante la justicia.[165][166]

En agosto de 2022, durante una audiencia ante la fiscalía encargada del caso, se reveló que Daniel Reta, exasesor del exministro Germán Cardoso, aprobó a mediados de junio de 2021 la renovación de un contrato de publicidad del Ministerio con la empresa Netcom, a pesar de que no tenía potestad para hacerlo por no ser ordenador de gastos. Anteriormente Cardoso había afirmado que las facturas que había elaborado Reta no significaron en ningún caso procesos de adjudicación ni de compra directa por no estar habilitado para ello, sin embargo, luego de interrogatorios por el fiscal de delitros económicos y complejos, se supo que sí autorizó esa renovación pese a no estar habilitado, extremo asegurado asimismo por el director ejecutivo de la empresa Wavemaker, subsidiaria de Young & Rubicam, quien presentó una grabación del involucrado donde este aprobaba la compra. Cuando fue interrogado por la fiscal adjunta respecto a si él fue quien había autorizado a Reta, el exministro dijo que no se acordaba.[167]

El 10 de mayo de 2022 el fiscal paraguayo contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y finianciamiento del terrorismo Marcelo Pecci fue asesinado por varios disparos de arma de fuego mientras estaba en su luna de miel en una playa de Barú, Colombia, por sicarios que arribaron en motos de agua.[168] El 9 de agosto el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, asociado con el Primer Cartel Uruguayo y con una organización criminal de Paraguay desarticulada en febrero de 2022, fue señalado como acusado de ordenar el asesinato del fiscal Pecci. El escándalo se instaló en la agenda pública cuando salió a la luz que la cancillería uruguaya le otorgó un pasaporte a Marset que le permitió salir de Dubai —en donde estaba detenido e impedido de salir por llevar un pasaporte paraguayo falso—. En marzo de 2022 una autoridad del ministerio del interior se justificó diciendo que en la época cuando se le entregó el pasaporte, no había vigente un requisito de revisar los antecedetes penales internacionales del requirente, según el funcionario, por haber sido derogado por un decreto de 2014. Esto le permitió obtener el pasaporte al narco uruguayo, que le fue tramitado y entregado por el abogado Alejandro Balbi.[169] Para Marset el pasaporte uruguayo significó una vía rápida y fácil para salir de Emiratos Árabes Unidos y fugarse antes de que llegara una requisitoria internacional. Para evitar ser deportado, contactó al abogado Balbi para hacer las tramitaciones necesarias, y cuando en el Ministerio del Interior le dijeron que no tenía causas criminales pendientes desde noviembre de 2020 ni requisitorias, estaba legalmente habilitado para recibir el pasaporte. Sin embargo, no advirtieron que la Brigada Antidrogas estaba cooperando en una invetigación internacional en la que Marset era uno de los investigados.[170]

Este incidente fue criticado por dirigentes del Frente Amplio, entre quienes el senador Daniel Caggiani lo calificó como un «escándalo» que en cualquier otro país llevaría a la renuncia de las autoridades pertinentes. Además, anunció que se interpelaría a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Heber y Francisco Bustillo.[171] La interpelación quedó programada para el lunes 22 de agosto y será dirigida por el senador frenteamplista Mario Bergara.[172]

EL 26 de setiembre de 2022 detuvieron por orden de Fiscalía a Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou, por la presunta falsificación de documentos para la expedición de pasaportes a ciudadanos rusos. Esta persona presentaba más de veinte indagatorias por diversos delitos, entre ellos hurto, estafa y apropiación indebida.[173][174] También contaba con un antecedente penal por estafa por el que fue procesado con prisión.[175] Debido a esta detención el presidente Lacalle Pou brindó esa misma tarde una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, en donde expresó estar «tan sorprendido» como la ciudadanía, que en los últimos cinco días estaba en el exterior con suis hijos y acompañado con Astesiano, y que cuando regresó a Uruguay en el Aeropuerto de Carrasco se le informó de lo que ocurría con el acusado.[176] En el mismo Aeropuerto de Carrasco Astesiano fue informado que el director de inteligencia Claudio Correa da Silva lo esperaba en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y que allí le comunicó que estaba requerido por la red criminal y en el despacho fue detenido.[175]

De la investigación se presume que el jefe de custodia presidencial estaría involucrado en una red de falsicicación de documentos para que ciudadanos rusos accedieran a documentación uruguaya. Además de Astesiano, fueron formalizadas otras tres personas, dos ciudadanos rusos, Alexey Slivaev parte de la organización y Roman Popov por querer tramitar una cédula uruguaya con documentos falsos de la organización, y un escribano uruguayo, imputándoseles delitos de asociación para delinquir y suposición de estado civil según comunicó la fiscal Gabriela Fosati.[177] Un paso clave en el avaance del caso que venía siendo investigado desde 2019 fue cuando en 2021 desde México se le informó a la Dirección Nacional de Investigación Civil. La operativa de la red criminal comenzó a sospecharse cuando desde 2019 comenzó a haber un número inusual de solicitudes de ciudadanos rusos con partidas de nacimiento que decían tener padres uruguayos, lo que por la normativa los convertiría en ciudadanos naturales y podrían recibir pasaporte uruguayo. Así, la red criminal falsificaba estas partidas de nacimiento inventando parentescos con ciudadanos uruguayos, mediante datos de la DNIC al que tuvieron acceso mediante una computadora con entrada a la base de datos, para que rusos pudieran obtener aquel beneficio, servicio por el que cobraban $50.000.[178]

El 27 de setiembre se supo que Astesiano incluso realizaba su operativa ilegal en su oficina del cuarto piso de Torre Ejecutiva, según se supo de audios incautados, en donde se reunía con el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev.[179][180] Este mismo día, el presidente rescindió el contrato que mantenía con Astesiano desde el 12 de marzo de 2020.[181] Slivaev, que vivía en Montevideo, tiene un grupo de Facebook con alrededor de 8000 rusos y denominado «Todo sobre inmigración a Uruguay» de donde reclutaba a las personas que querían conseguir la documentación. En Fiscalía se sospecha que los documentos se usaban para ingresar a Europa y que quienes los pedían podrían vincularse con organizaciones delictivas.[182]

Astesiano, imputado por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, luego de que la fiscal pidiera la prisión preventiva por 30 días y el juez la concediera, pidió concidiciones especiales de encarcelamiento presuntamente para no estar junto con dos delincuentes en prisión preventiva por robarle una motocicleta a su hijo, hecho durante el cual Astesiano lo asistió y participó en un tiroteo.[183]

El 28 de setiembre, debido al escándalo, Presidencia exigió el legajo de todos los funcionarios de seguridad presidencial.[180]

En uno de los procesos en curso ante el Juzgado Letrado en lo Penal de 38° Turno, la Fiscalía pidió en audiencia del 23 de setiembre la formalización del ciudadano ruso R. K. que fue detenido el 21, junto con una joven rusa de 20 años que oficiaba de traductora, en la DNIC con una partida de nacimiento uruguaya con falsificaciones burdas por los delitos de suposición de documento público y uso de certificado falso. El juez procedió y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país, retención de documentación de viaje y fijar domicilio. Con la documentación falsa pretendía ampararse a la ley de ciudadanía de nietos uruguayos. La partida apócrifa a simple vista presentaba diferencias en la tinta y en el formato, además que el código QR no dirigía a ningún lado.[184]