Código de Aguas de Chile

Los códigos de agua en Chile son un tema controvertido, ya que no se cumplen como un bien de uso público o inapropiable, sino que existen derechos de propiedad privada del aprovechamiento del agua como recurso natural.[1]

Históricamente, ha habido familias ricas de chilenos que han acumulado su uso a modo de lucro, entre ellas la familia Kast que posee lo que serían derechos de aprovechamiento que corresponden a lo que sería el consumo de agua potable por parte de 100 mil personas en Chile.[2] Esto fue establecido así por la Constitución de 1980 y el código de aguas de 1981.[3][4]

Se ha intentado aplicar una reforma fundamental a la ley de códigos, sobre todo por la situación medioambiental, pero se han mantenido en privados. Además se ha planteado la entrega de títulos y el racionamiento mediante un plan nacional.[5][6]

Una de las exigencias del estallido social de 2019 fue manifestarse para intentar lograr que el agua se nacionalizara o, por defecto, fuese un bien inapropiable para el bien común y equiparación debido a las desigualdades sociales que existen en Chile.[7]

Actualmente, Chile es dependiente de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.[8] Y negociado con otros países.[9]

Véase también

Referencias

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