Agencia de Información y Control Alimentarios

La Agencia se crea en virtud de la disposición adicional primera de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria del año 2013.[3] Esta ley designaba a la AICA como sucesora directa de la Agencia para el Aceite de Oliva y la adscribía al Ministerio de Agricultura a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Empezó a realizar sus funciones de facto el 1 de enero de 2014[4] y sus estatutos fueron aprobados en abril de 2014.[2]

A raíz de las protestas del sector primario en 2020,[5][6] el ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometió, entre otras cosas, a fortalecer la Agencia para asegurar que se cumple la Ley de la cadena alimentaria. Fruto de este compromiso, a finales de 2020 el Ministerio presentó un presupuesto para el año 2021 con un incremento de dos millones de euros con respecto al vigente presupuesto de 2018, un aumento de casi el 32%.[7] Esta tendencia se mantuvo en 2022, con otro importante aumento de casi el 13 %.[8]

En la misma línea, en diciembre de 2021 las Cortes Generales aprobaron una modificación de la Ley de la cadena alimentaria de 2013. En lo que respecta a la AICA, por una parte, se le concedió autoridad plena para acceder al registro digital en el que se inscriben los contratos alimentarios que se suscriban con los productores primarios y las agrupaciones de éstos, así como sus modificaciones, para realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito de sus competencias. Por otra, con el objetivo de potenciar la eficiencia en la gestión y la seguridad jurídica, se traslada la competencia decisoria en las sanciones pecuniarias de menor entidad (cuando no superen los 100.000 euros) que hasta entonces poseía el Director General de la Industria Alimentaria, en el Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios.[9]

Asimismo, la ley de 2021 declara a la AICA como Autoridad Nacional de Ejecución, siendo el máximo órgano responsable del Estado en velar por el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria.[9]

La Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece a la Agencia de Información y Control Alimentarios como Autoridad de Ejecución de ámbito nacional. Esta condición permite a la Agencia, además de ser el organismo encargado de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ser el punto de contacto para la cooperación tanto entre autoridades de ejecución como con la Comisión Europea,[9] tal y como establece la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.[10]

La Agencia se estructura a través de un órgano directivo y un órgano consultivo:[2]

• El órgano directivo es el Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Este posee rango de subdirector general, es la cabeza del organismo y, como tal, lo dirige y representa.
• El órgano consultivo es el Consejo Asesor, integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la producción y la transformación de los sectores alimentarios que estén interesados y de la distribución y los consumidores.
  • La presidencia del Consejo Asesor la ejerce el Secretario General de Agricultura y Alimentación, y la vicepresidencia el Director General de la Industria Alimentaria.
  • Entre los vocales, aparte del director de la Agencia, están representantes de los Ministerios de Agricultura, de Economía, de Hacienda, de la AECOSAN, de la CNMC, de cooperativas, asociaciones y otras organizaciones sociales, de las comunidades autónomas y del Consejo de Consumidores y Usuarios.

Otros órganos son:[12]

• La Secretaría General, responsable de la gestión de los recursos humanos, régimen interior, régimen jurídico, régimen económico financiero y la gestión y mantenimiento del Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
• La Unidad Técnica de Información de Mercados y de Inspección a la que corresponde la captura de los datos y el análisis y el procesado de sus resultados, así como la planificación y ejecución de los controles y la evaluación de sus resultados.
• La Unidad Técnica de Seguimiento de la Cadena a la que corresponde la vigilancia, evaluación y control de los contratos alimentarios y de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria, así como la promoción de las buenas prácticas comerciales.

Además, la Agencia posee una estructura variable, dependiendo de los puestos de trabajo que se precisen. Asimismo, posee unidades de la IGAE y de la Abogacía del Estado.

• José Miguel Herrero (2014–2018)[21]
• Gema Hernández Maroñas (2018–presente)[22]

• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.